Vaya apuro en que está metido el Congreso de la Unión, por un lado tienen la presión para, a más tardar el 30 de abril próximo, acatar un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de emitir los lineamientos para que se transparenten los gastos en comunicación social del Gobierno Federal y por otro sus integrantes están inmersos en serias diferencias en torno al proceso electoral que vive el país, y eso hace cualquier acuerdo.

Senadores y diputados tienen muy poco margen como para dejar de cumplir el mandato aludido, el detalle es que la fecha fatal está más cerca que nunca, por lo que atender a la observación de la SCJN, bajo los principios básicos de "eficiencia, eficacia, economía , transparencia y honradez ", es cada vez más incierta, lo que hace sospechar que los trabajos que hacen se hacen con alto grado de simulación.

La orden es muy clara, aquí la cuestión es que todas las fuerzas políticas representan el Congreso de la Unión con el Poder Ejecutivo, para el período 2018-2024.

Bajo esa óptica, los encargados de hacer no pueden estar dispuestos a ordenar un ordenamiento que come de manos a veces, sea cual sea el punto de vista desde el que se aborde, podría ser una ley de doble filo, por un lado, transparencia y austeridad en el manejo de recursos, y por otro causaría pasividad e inmovilidad en la difusión de programas en materia de comunicación social.

Por lo pronto, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), comentó que este informe que ya existe, un calendario parará en tiempo y forma la referencia, y que en esa ruta, espera que el dictamen correspondiente se apruebe a más tardar el día 16 de abril, y que se sesión del pleno se vote el día 19, e inmediatamente envíe su minuta al senado, para que de esa manera esté en posibilidades de atender el requerimiento judicial antes de la fecha establecida .

Hasta ahora todo parece caminar muy bien, pero la incertidumbre toma fuerza cuando los grupos políticos entre los grupos legislativos hay que agregar la revisión y análisis de siete o ocho iniciativas para su posible conciliación, y que además hay propuestas para que el debate se abra a la sociedad civil.

"Ya entregamos una propuesta a la comisión de gobierno", dijo la diputada Rocío Nahle, Coordinadora del GPPMorena, cuando le preguntamos su opinión sobre este proceso. ¿Van a acatar el mandato judicial? le insistimos, "vamos a ver, ahí está nuestra propuesta", nos contestó.

Francisco Martínez Neri, Coordinador del GPPRD, nos comentó que "hay avances y una ruta ya aprobada por todos los partidos políticos". Dijo que la idea en estos trabajos es que ninguna de las partes se pretenda dar un albazo. "Creo que a nadie conviene tratar de imponer una ley a modo", acotó.

Reorientar, transparentar, ordenar y regular, ser un contrapeso al poder ejecutivo, son algunos términos que se manejan en las iniciativas con las que el Congreso de la Unión al final intenta dar respuesta a la inédita observación del poder judicial, por lo que en esa ruta de atención no falta quien proponga que se deban agregar los de "simulación" como un adelanto a lo que empieza a ser un desacato, y si eso sucede pronto veremos que responde a la SCJN. Todo un brete legislativo.