La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, es el primer paso para que con tiempos y procedimientos explícitos se inicie con el regreso de los militares a los cuarteles, ya que se establecen una serie de requisitos que tienen que cumplir las solicitudes para que nuestras fuerzas armadas apoyen a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, perdón seguridad interior.
De acuerdo a los que se voto y aprobó, la nueva Ley de Seguridad Interior, con 215 votos a favor, principalmente del PRI, Verde y Nueva Alianza, y algunos diputados de Acción Nacional, PRD, PES, y el diputado independiente, lo más importante, no son los 101 diputados que votaron en contra, de los 498 diputados que votaron en lo general la iniciativa, sino los 178 diputados que se ausentaron de la sesión para no emitir su voto, suponemos a favor, en el momento del voto particular.
Destacando que se ausentaron diputados de todos los partidos: 39 del PRI, 69 del PAN, 27 del PRD, dos del Verde, 14 de MORENA, 12 de MC, seis de Nueva Alianza y los 3 diputados sin partido, enviando una señal que abre la puerta a mucha especulación y una vertiente de ésta, es que todos los partidos tenían más coincidencias con la iniciativa de las que estaban dispuestos a reconocer en lo individual.
En nuestra interpretación, esta ley le pone las “manzanas de a peso” a las autoridades Estatales y Municipales y por supuesto al ejecutivo federal, ya que para que puedan echar mano de nuestro ejército y marina, dicha ley, establece procedimientos específicos para que se pueda hacer, como determinar lugar, hora, razón, alcance y lo más importante, tiempo de la intervención de nuestras fuerzas armadas.
Evaluar la presencia actual de nuestras fuerzas armadas de cara a lo que se aprobó por la Cámara de Diputados, ya que le toca a la colegisladora revisar, modificar y en su caso aprobar esta minuta, no se va a poder justificar plenamente la presencia de nuestros militares y en cuanto tenga vigencia la presente iniciativa, en muchos casos, nuestros efectivos militares tendrán que regresar a sus tareas esenciales principalmente en los cuarteles y en las contingencias, con la salvedad establecida en el régimen transitorio de la citada ley.
Se elimina en el proyecto de iniciativa de ley de seguridad interior, el estado de excepción establecido en el artículo 29 de nuestra Constitución, dejando en sus términos el texto constitucional, y estableciendo que siempre las actuaciones de las fuerzas armadas estarán en estricto apego a los derechos humanos y nunca inmiscuidos en manifestaciones o procesos legítimos de organización social y mucho menos para reprimir a la sociedad civil.
En el momento y en los términos de la declaratoria se aplican protocolos para el uso de la fuerza pública y de la fuerza letal, acciones de investigación y de inteligencia los que estarán acotados por nuestras leyes civiles y cesarán en los términos de nuestra Ley de Seguridad Interior cuando se halla disipado la razón de la declaratoria o que llegue a su término la misma.
Lo que es de preocupar es la concepción o percepción que se tiene en algunos partidos políticos disque de izquierda, digamos PRD, MC y MORENA, en donde establecen una causalidad directa de falta de oportunidades económicas y pobreza como los factores detonantes de la violencia y la delincuencia, criminalizándolos, responsabilizándolos y lo más grave justificándolos en la mayoría de los casos por los delitos cometidos en el desamparo de su situación económica o de marginación.
Esta percepción, sin duda completamente errónea, estable principios que sustentan ocurrencias como la propuesta de amnistía planteada por el tal “AMLO”, en donde parte del reconocimiento de que la sociedad en general y en particular los canallas que se dedican a la delincuencia con el perdón dejarían de ser villanos y que con el perdón, prontamente buscarían un trabajo bien pagado y se comprometerían a ser muy bien portados, nada más absurdo.
En todas las sociedades existen canallas que se dedican a usurpar el ingreso y el trabajo de la gente, el principio de derecho de piso, de tránsito, de uso de tierras o rentismo parcelario, permisos para usufructuar algún recurso natural, cultural o de otro tipo, es utilizado para obtener una renta de manera ilegal o como lo hace el Estado moderno, siguiendo con la tradición monárquica o del señor feudal o señorío prehispánico de algunos de nuestros pueblos originarios a través del tributo, en donde parte de nuestro ingreso se tiene que destinar para poder preservar nuestra integridad o nuestro patrimonio.
El problema es que el Estado en general y en particular el Estado Burgués y en los extremos más absurdos, el totalitario socialista son rentistas en esencia y lograr que esta renta se traduzca en servicios y seguridad y no solo en burocracias obsesas y bien comidas u hordas de canallas que viven de obtener de manera ilícita una renta, es una tarea en construcción y que este proceso de “domesticación del monstro”, a los ciudadanos nos va a llevar otro poquito de tiempo, pero sin duda hay que preservar en ello.
