La auditoría de la Oficina Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, que dice que habla de deuda, desvío de recursos, corrupción, mal manejo de programas sociales y otras observaciones que no derivar en la comisión de delitos contra terceros en la administración pública en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

No obstante, el ruido mediático, el grado de escándalo, es probable que muchas de las auditorías concluyan en procedimientos administrativos con carácter sancionador, que por el tiempo que ha pasado y el que aún tienen los entes auditados para subsanar posibles irregularidades por lo general tardan varios años, quedando los asuntos o en el olvido o en el archivo muerto. Al respecto, legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Ruth Tiscareño Agoitia y Enrique Rojas Orozco, precisan que los más recientes reportan datan de 2016 y que "no se debe juzgar antes de tiempo en ningún ente público" .

Y tal vez tienen la razón por la que los legisladores, aquí el tema es que, todos esos informes, se desprende que muchas de las observaciones no concluyen en sanción por varias razones: porque pasa mucho tiempo entre la gestión y la fecha en que se realizan las auditorías ; porque hay deficiencia en el seguimiento de la aplicación de los recursos públicos federales o bien porque las reglas fiscales no son las cosas claras y eficientes, lo que en su conjunto es a favor de las condiciones para el ahorro de dinero o el crecimiento de la deuda en las arcas de la hacienda pública.

No es posible que el pleno ejercicio de los recursos federales de 2018, apenas estemos enterando de cómo se ejerce el presupuesto de la Federación en su ejercicio del año 2016 o anteriores. Por ejemplo, hay informes que señalan que en las 9 entidades donde se elegirán los nuevos gobernantes el 1 de julio, las actuales administraciones heredarán a los siguientes 1 de julio, correspondientes al periodo 2012-2016.

De acuerdo con reportes públicos y de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Guanajuato y Morelos, hijo de la fuente del auditor de cuentas por el órgano . Y aunque en Baja California no hay elecciones, la ASF ha detectado faltantes y desviaciones de recursos que debieron ser programas sociales, educación y seguridad pública, en una gestión que inicio en noviembre de 2013.

Los faltantes, desvíos, deuda o como se llaman las anomalías registradas en las administraciones estatales o en el gobierno federal, son un tema obligado para los legisladores en la agenda de los asuntos pendientes, ya que además de los puntos antes señalados es un hecho que la falta de nombramiento del titular de la ASF, carga acéfalo desde el primer día de enero del año en curso, implica también el envío de los nombres en la dirección pública.

No está por demás entonces que, junto con el nombramiento recomendado, el Congreso de la Unión tiene una revisión de los procedimientos y los protocolos establecidos para auditar el gasto público, para que se recogen los tiempos entre la gestión de los recursos y las auditorías, y que de inmediato se vinculen los mecanismos establecidos por la ASF a los del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.