Será muy difícil para el gobierno de la 4T dar algún resultado palpable y medible y que sea atribuible a ellos, en lugar de tender cortinas de humo y distractores para pretender desviar la atención pública de los temas torales del país, como la crisis médica causado por el Covid-19 en donde para fin de mes y de acuerdo a las cifras oficiales de la secretaria de Salud, que por cierto no son confiables ya que están rasuradas, estarán en el orden de 50 mil muertos.

También la inseguridad y la toma de territorios por parte de los grupos criminales va al alza dejando en evidencia que estamos ante un Estado Fallido, que de acuerdo a la definición que ha propuesto el centro de estudios Found for Peace, uno de los parámetros es cuando se trata de la pérdida del control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza.

Y qué decir de la crisis económica que, ya desde antes de la pandemia,  mostraba los primeros signos de una recesión económica.

Y esto es apenas en 20 meses de gobierno del presidente López Obrador.

Lo más grave del asunto, es que no se observan visos de solución a ninguno de estos tres gravísimos problemas, al contrario se avizoran tempos ominosos para los mexicanos.

Y por si nos faltara algo, ya vienen las elecciones intermedias del próximo año y con ello, los políticos, empezando por el presidente de México, enfocan todas sus baterías, unos para mantenerse en el poder y otros, en tratar de zancadillar al adversario y la crisis se agudiza y quien sufre es el pueblo, pero eso se atenderá después.

En este contexto les cayó “como anillo al dedo” la extradición del director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya,  quien se apegó a la figura de testigo protegido y con ello, por semanas escupirá hacia sus excompañeros y jefes para aprovechar la benevolencia de la figura judicial, a cambio de mantener entretenido al respetable en aras de la bandera de la corrupción que se blande de acuerdo a las conveniencias del régimen y no por el respeto al estado de derecho, porque si así fuera cuántos miembros del gabinete estarían en prisión.

Desde San Lázaro, la perredista, Mónica Almeida, apunta que  “le recordamos al Presidente de la República, que la persecución de conductas delictivas, la impartición de la justicia, la lucha contra la corrupción, la erradicación de la impunidad, son una agenda que no puede ser selectiva, tenemos muchos ejemplos de corrupción en lo que va de este gobierno y no ha pasado nada, lo cual es preocupante” señaló.  

A decir de los diputados de oposición, Lozoya es el premio mayor del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sin embargo,  la diputada Almeida  exige que se evite el circo alrededor del caso del exdirector de Pemex, pues a pesar de que este ayudará a develar una serie de actos de corrupción, hoy México no necesita de un show mediático para aumentar la aprobación de AMLO y su partido, sino de un proyecto de reactivación económica.

La congresista aseguró que durante las últimas semanas el gobierno federal ha estado más ocupado por ocultar los estragos del pésimo manejo del gasto público, la impresionante cantidad de mexicanos fallecidos por COVID-19, así como la pérdida de casi un millón de empleos y la consolidación de grupos criminales que cada vez tienen mayor control de vastas regiones del país;  a través de una ofensiva en medios de comunicación, en lugar de simplemente ponerse a trabajar.