Algo grave pasa en Veracruz cuando la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, fue forzada a dejar el puesto para el que fue impulsada hace menos de un año. De acuerdo con las versiones que tanto la magistrada Martínez Huerta como las recién nombradas autoridades del Tribunal han vertido, la hoy expresidenta del Poder Judicial de Veracruz fue puesta y retirada del cargo por la misma persona: el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

No habla muy bien del Poder Judicial de una entidad federativa cuando quien impone a sus titulares es el secretario de Gobierno, es decir, el gobernador del estado. Sin embargo, al calor de las discusiones por lo ocurrido en los días recientes en Xalapa, las dos partes en conflicto reconocen el poder de Cisneros Burgos.

Sofía Martínez Huerta fue nombrada magistrada en diciembre del año pasado, y un par de semanas después, sin experiencia en la carrera judicial, fue impulsada por el secretario de Gobierno como nueva presidenta del Poder Judicial de Veracruz. Ahora, la propia Martínez Huerta acusa a Cisneros Burgos de haberle pedido la renuncia al cargo y haberla amenazado. Mientras esto ocurría, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia celebró una sesión extraordinaria en la que los magistrados tomaron la decisión de designar a Isabel Romero Cruz como la nueva titular del Poder Judicial en la entidad. Para ello, los magistrados se constituyeron en Órgano Electoral para efectuar el procedimiento aprobado por la mayoría del Consejo de la Judicatura.

La designación de Romero Cruz no deja de ser polémica. Primero, porque es amiga del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Segundo, porque la sustitución se registra luego de diferencias sostenidas entre Martínez Huerta y funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Tercero, por la maniobra realizada para la sustitución de la presidenta del Poder Judicial por parte de Juan Javier Gómez Casarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

La hoy expresidenta del Poder Judicial acusa de irregularidades en el procedimiento por el cual fue echada de su cargo, pues el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz, en su segundo párrafo, señala que para el ejercicio de sus atribuciones el Pleno del TSJ deberá reunir, al menos, las dos terceras partes, entre las que deberá estar presente su presidenta, lo que no ocurrió en la sesión extraordinaria realizada por los magistrados de la entidad.

Además, el día en que fue realizada la sesión extraordinaria fue inhábil, por lo que ninguna actuación debe tener efecto.

Martínez Huerta asegura que la semana anterior fue convocada a la oficina de Eric Cisneros Burgos, quien le refirió que han acontecido diversas problemáticas en el Poder Judicial, por lo que era momento de que ella se hiciera a un lado.

Ahora, la expresidenta del Poder Judicial de Veracruz enfrenta una acusación por un presunto desfalco al presupuesto del Consejo de la Judicatura superior a los 80 millones de pesos. Filtraciones a la prensa de Veracruz señalan que, en menos de un año, Sofía Martínez y sus hijos iniciaron varias construcciones residenciales en la zona más exclusiva de Xalapa, lo que no se explicaría con el sueldo de la hoy expresidenta y de sus hijos, funcionarios de nivel medio en el actual gobierno estatal.

El caso deja al descubierto varias irregularidades.

La más grave es la supeditación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo en la entidad. Es una muy grave falta que la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz pase por la oficina del secretario de Gobierno, por no decir del gobernador. Que un Poder sea incapaz de defender su autonomía deja mucho que desear.

Pero lamentablemente Veracruz no es el único caso. Hay muchos estados en los que los gobernadores mantienen una suerte de virreinato y ejercen el poder de una forma que hasta el propio presidente les envidiaría.

Cuitláhuac García no es el mejor ejemplo de gobernador democrático. Por ello, que se exhiba que el Poder Judicial en Veracruz depende de su oficina es más que grave. Es ahí, en esos casos, en donde hay que poner el ojo cuando de lo que se trata es de fortalecer el carácter democrático del país. No habrá avances democráticos mientras en los estados ocurran cosas como esta.