El mundo árabe-musulmán se encuentra casi siempre entre constantes conflictos bélicos, movimientos sociales y luchas. Este 2021 se cumplieron precisamente diez años de las revueltas populares en parte del mundo árabe-musulmán que lograron derrocar, en varios países, a sus regímenes autoritarios. Túnez fue el país en donde se iniciaron estas revueltas con la inmolación del joven Muhammed Bouazizi, y lo que se inició como protestas en el país, rápidamente a modo de efecto dominó, otros 18 países de la región vivieron estas protestas y movimientos. Mientras que algunos países sólo cambiaron de nombres en el gobierno o de corrientes políticas/islámicas como Egipto, otros se sumergieron en guerras que se siguen presenciando hasta el día de hoy como en Siria, Libia o Yemen. Túnez, país pionero y ejemplo para muchos por la “transición democrática” pacífica a diferencia de sus vecinos, ahora se encuentra en crisis tras la disolución del Parlamento y la revocación del Primer Ministro, Hicham Mechichi.
La crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19 llegó para exacerbar muchos de los problemas internos que Túnez había venido experimentando. Junto con un Primer Ministro y un gobierno que gozaban de muy poca popularidad justo por el mal manejo de la pandemia y otros factores, tanto económicos como políticos, el Presidente Kaïs Saied decidió invocar el Artículo 70 de la Constitución del 2014 para adoptar las medidas de excepción, ya que considera que el país se encuentra “bajo un peligro inminente”. Mientras que el mismo Presidente Saied promete que en los 30 días que tiene para designar a un nuevo Primer Ministro hará lo necesario para atender la crisis sanitaria, asi como la económica, y que cuenta con un gran respaldo poblacional y del ejército, sus detractores -incluido el partido islamista mayoritario de Ennahda- ya acusan de “golpe de Estado” a la decisión de Saied. Túnez fue el ejemplo hace diez años sobre cómo llevar a cabo esta transición semi democrática a pesar de los conflictos externos que le rodeaban. En esta ocasión tiene otra vez la oportunidad para demostrar que así sigue siendo, aunque aún es pronto para dilucidar las consecuencias de esta decisión.
Al mismo tiempo, el próximo 4 de agosto se estará cumpliendo un año de la trágica explosión en el puerto del corazón de Líbano, su capital Beirut. Desde ese entonces, la clase política ha fallado en dar respuestas a sus ciudadanos y en esclarecer en su totalidad lo ocurrido aquél día. Líbano se encuentra también sumergido en distintas crisis a la vez, tanto económica como política, sanitaria y social. La pandemia de Covid-19 tampoco ha dado tregua en el país y los contagios van a la alza de nuevo, los hospitales no se dan abasto y difícilmente tienen la infraestructura necesaria para operar. La inflación ha superado el 200% en estos dos últimos años y la libra libanesa se ha devaluado en un 90% respecto al dólar. Por lo mismo, hace unos días el presidente cristiano Michel Aoun, designó al magnate Nayib Mikati como el nuevo Primer Ministro después de la dimisión de Said Hariri, y le encomendó formar un nuevo gobierno que implemente las políticas económicas y políticas necesarias para evitar que Líbano se termine consolidando como un Estado fallido. Cabe mencionar que el empresario ya había sido con anterioridad Primer Ministro en 2005, y del 2011 al 2014. En este caso, poco se ha hecho para resolver la crítica situación libanesa, que es la más dura y profunda desde la guerra civil en 1975.
Parece ser que ambos países necesitan de políticos capaces, que no sean corruptos y que estén decididos a encaminar a sus poblaciones por un camino de oportunidades, libertades y satisfacciones. Las distintas crisis a las que tendrán que hacer frente son grandes oportunidades que se les presentan para resarcir los daños, salvar a sus países del abismo y evitar una escalada de posibles conflictos internos.
