• Transición en las alcaldías, tema para el legislativo local.

• En Baja California inicia transición ¿Entre diferencias? 

A propósito de los malos entendidos, los diferendos, los problemas, los retrasos, las piedritas en el camino, la ocultación de informes o como le quieran llamar a los desencuentros que muchas veces surgen en los procesos de transición entre un gobierno y otro, uno que sale y otro que entra, no estaría mal que el legislativo regulara este trámite que en mucho daña a la ciudadanía al no ver respuesta inmediata de los gobiernos entrantes precisamente porque los que salen no dejan la información suficiente o bastante clara como para dar continuidad a proyectos prioritarios o para atender las necesidades básicas de la  problemática social, y cuando hablamos de transición nos referimos a los niveles de gobierno estatal y municipal, donde incluso no se prevén partidas presupuestales o recursos etiquetados para que un nuevo gobierno entre a operar inmediatamente.

Lo anterior viene a colación precisamente porque en días recientes alcaldes electos en la Ciudad de México han levantado la voz para exigir a las autoridades centrales su intervención y desde ya se inicien los procesos de transición en alcaldías como Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán o Miguel Hidalgo, ya que este trámite se tenía previsto iniciaría durante el mes de julio pasado pero por disposición oficial se estipuló que el referido proceso tenga como fecha de inicio el primer día de septiembre, dando un margen muy corto a los alcaldes electos para conocer el estatus que guardan las demarcaciones territoriales que habrán de gobernar a  partir del 1 de octubre del presente año.

Y cuando hablamos de legislar en la materia, nos referimos a que los poderes legislativos locales deben poner el dedo en el renglón en el tema de las transiciones gubernamentales, porque no es posible que, como es el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, sean solo 30 días los que se den de tiempo a los equipos entrantes para que se empapen de todos los asuntos administrativos y de la gobernanza que serán de su competencia y no puedan entrar de inmediato en la atención de algunos detalles como el subejercicio, las compras, los aviadores, la conclusión de obras y programas, los gastos comprometidos y muchos otros rubros que muchas veces requieren de una observación minuciosa casi al estilo del detective Sherlock Holmes, personaje que enriqueció la literatura del mundo de las novelas de ciencia ficción, pero que en la vida real muchos de esos pasajes de la ficción se replican en las auditorías de la administración pública de cualquier gobierno local.

Es de suponer que el periodo de transición entre un gobierno a otro es para sentar las bases de una buena entrega-recepción, para facilitar el buen gobierno, para trasparentar la función pública y la rendición de cuentas, para atender o dar continuidad a los temas que a la gente interesa, esa es la idea, pero muchas veces este trámite resulta todo un proceso tortuoso que impide, a los que llegan, entrar de lleno a la atención de la problemática social y tienen que distraer su tiempo en observaciones, aclaraciones, correcciones y/o reclamaciones de recursos adicionales que permitan terminar bien el año fiscal, donde el común denominador es que el rubro de sus finanzas las reciben con cero pesos. Así de grave el asunto, y por eso ya es tiempo que los poderes legislativos locales hagan algo al respecto.

LAS CARTAS HABLAN.- Solo para dar ideas al tema de las transiciones, es de recordar a a nivel federal, en 2018, En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)  se destinaron 150 millones de pesos para el proceso de transición presidencial, es decir, con una bolsa de recursos etiquetados para tal fin, se garantizó un cambio de sexenio ordenado y con la única finalidad de que el equipo del presidente electo pudiera dar continuidad a los programas y tareas oficiales, e incluso hasta se pudieran pagar sueldos por el trabajo desempeñado en esta etapa a cada uno de los principales colaboradores.

No tengo el dato preciso de cuando inició este esquema de transición, lo que si es cierto es que en 2012 fue casi en los mismos términos del proceso de transición del gobierno que inició seis años después.

¿Acaso será mucho pedir que este tipo de preparativos en el PEF se pudiera replicar en los presupuestos locales?, claro no se está hablando de montos similares pero sí que sea acorde a las partidas que se manejan en los niveles estatal y municipal. Que conste.

VA MI RESTO.- Ya que estamos en el tema de las transiciones, desde el estado de Baja California nos llega el reporte de que en esa entidad ya inició el proceso de transición del gobierno que concluye el próximo 31 de octubre, con Jaime Bonilla, y continuará la hoy gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Siendo ambos personajes de la política del mismo partido, Morena, uno supondría que el trámite iniciado será algo así como miel sobre hojuelas, donde Marina llega a fortalecer lo realizado por Bonilla, pero no, todo índica que entre gobierno saliente y entrante las desavenencias estarán a flor de piel, porque aunque desde ambos equipos se asegura que no hay rompimiento entre ellos, las posturas públicas de uno y otro lado dicen lo contrario, y hasta ahí porque como veo doy.

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