La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República tienen ya la mirada fija en Ricardo Anaya, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere en la cárcel.

De manera burda, el presidente intenta encarcelar a Anaya tomando como pretexto declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien hizo un trato con la FGR para declarar lo que supuestamente sabe sobre la corrupción registrada en el gobierno anterior en relación con el caso Odebrecht.

¿Quién puede tomar en serio, a estas alturas, las declaraciones de Emilio Lozoya? ¿Quién puede creer que Lozoya, quien ha recibido el beneficio de la prisión domiciliaria para él y para su familia, dice lo que sabe y no lo que el gobierno quiere escuchar? ¿Quién puede pensar que Lozoya, quien no ha perdido un peso de su dinero, simplemente busca salvar su propio pellejo?

Si atendemos las declaraciones que Lozoya ha realizado, el enfoque de la investigación de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera va sobre quienes supuestamente recibieron sobornos para aprobar la Reforma Energética. Sin embargo, a quienes en ese momento formaban parte del gobierno federal, que son quienes supuestamente promovieron y repartieron los sobornos, no se les toca.

Anaya anunció su exilio para evitar ser detenido y acusó al presidente López Obrador de encabezar una acción de persecución política en su contra. Por supuesto, López Obrador negó las acusaciones y exhortó al excandidato presidencial panista a presentarse para atender el citatorio que recibió por parte de la FGR.

Recientemente, el perredista Fernando Belaunzarán aseguró que Rosario Robles fue engañada por López Obrador, quien habría asegurado a la exsecretaria de Desarrollo Social que tendría un proceso justo. Hoy, Robles lleva dos años encarcelada sin que se le haya comprobado culpa alguna. Para meterla a la cárcel tuvieron que falsificar una licencia de manejo. Rosario Robles regresó de un viaje al extranjero para presentarse ante las autoridades, y tenía la palabra de López Obrador de que sus derechos serían respetados.

Rosario Robles enfrentó un juicio viciado, en el que el juez que llevó su caso, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, es sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, quien fue encarcelado luego de exhibirse videos en los que recibía dinero de manos del empresario argentino Carlos Ahumada. Éste último sostuvo una relación amorosa con Rosario Robles, y en el momento en que recibió el dinero, Bejarano era secretario particular de López Obrador.

Con ese antecedente, el presidente López Obrador le pide a Anaya que se presente a atender el citatorio. Incluso, el mandatario asegura que “no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel, y al contrario de sentirse mal se fortalece un dirigente”.

Sería bueno que los mismos dichos los repitiera a su familia, a sus hermanos, que han sido evidenciados recibiendo dinero de manera ilegal.

Emilio Lozoya, quien no tiene ni la mínima credibilidad, denunció ante la FGR que Luis Videgaray (entonces secretario de Hacienda) le dio la instrucción de entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya. “Luis Videgaray Caso me instruyó a recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo (entonces senador de la República), con quien desayuné en el hotel Four Seasons”, señala la denuncia de Lozoya.

En julio del año pasado, Emilio Lozoya fue extraditado y tras ello cerró un acuerdo con la FGR para afrontar sus procesos judiciales fuera de la cárcel, a cambio de convertirse en testigo colaborador en el caso Odebrecht.

En sus declaraciones, que son las que lo mantienen fuera de la cárcel, Lozoya implicó en sus actividades ilícitas al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, así como a algunos legisladores, entre los que figura Anaya.

La pinza conformada por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido utilizada en este sexenio para atacar a adversarios políticos. Nadie puede asegurar con verdad que la Fiscalía General de la República actúa de manera autónoma. El presidente López Obrador conoce de primera mano los avances en cualquier investigación que la Fiscalía lleve a cabo y que sea de su interés.

López Obrador le pide a Anaya que se quede a atender el citatorio de la FGR, lo que implicaría la cárcel para el panista. Y luego afirma que la venganza no es su fuerte.