El presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado con frecuencia la burda táctica de la distracción para desviar la atención pública de los temas urgentes e importantes sobre el proceder gubernamental y sus escasos -o nulos- resultados.

De esa manera, la sociedad se ha enfrascado en discusiones tan burdas como si se debe o no vender el avión presidencial, o si se debe rifar; que si España debe pedir perdón a México, que si López Obrador ofrece dejar la Presidencia en el ejercicio de revocación de mandato si la mayorá vota por el no, aunque no se alcance el 40% de asistencia del padrón electoral que se requiere para hacer vinculante el resultado; que si ya destapó a los presidenciables en medio de la tragedia de Tláhuac; que si la sociedad le interesa más que se arreglen los baches en sus localidades que el avance de la delincuencia; o que si la UNAM se ha derechizado y no está al servicio del pueblo.

El nuevo distractor del gobierno, lanzado a la luz pública por la autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la intención de reabrir el llamado Caso Colosio, para revisar la investigación realizada en torno al asesinato del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio.

El 23 de marzo de ese año, Mario Aburto Martínez fue detenido luego de haber disparado a la cabeza de Colosio. Es el asesino confeso, y actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Guanajuato, cumpliendo una sentencia de 42 años de prisión.

Al parecer, algunas autoridades tienen algún interés en llevarlo a decir lo que no habría dicho en 28 años, y por supuesto, Aburto está dispuesto a tener nuevamente los reflectores encima.

El gobierno federal, en contubernio con la CNDH, promueve que Aburto “cuente su versión”. De hecho, el presidente López Obrador se ha manifestado: “Si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos, que esté amenazado, y que por eso ha guardado silencio, el Estado mexicano lo protegería”.

El gobierno federal, tan afecto a escuchar las versiones de criminales confesos y darles validez procesal, ahora quiere tener la versión de Aburto para saber a quiénes incrimina. ¿Cuál será la nueva versión que ahora daría a conocer Aburto? ¿Sería ingenuo pensar que Aburto incriminaría al expresidente Salinas de Gortari?

La CNDH, que ha brillado por su ausencia para atender, por ejemplo, a los padres de niños con cáncer que le exigen al gobierno federal les garantice el suministro de medicamentos, emitió un comunicado en el que asegura que “emprenderá las acciones que en ejercicio de sus funciones constitucionales le sea menester realizar, a efecto de que el llamado Caso Colosio sea revisado a la luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el peticionario (Aburto) aporte”.

Al igual que con el caso de Emilio Lozoya, el gobierno federal busca obtener declaraciones que incriminen a connotados opositores. No para enjuiciarlos, sino para someterlos al juicio popular y que la sociedad condene a aquellos que sean involucrados.

La distracción nuevamente es la burda táctica. Aburto ahora dará una nueva versión de lo ocurrido el 23 de marzo de 1994, que el gobierno tomará como evidencia de que los gobiernos anteriores eran lo peor.

¿Qué sigue? ¿Reabrir el caso de la mataviejitas, o atender las quejas del “mochaorejas”?