La presión del gobierno de Estados Unidos finalmente se hizo sentir, y el gobierno mexicano ha decidido dar marcha atrás -aplazar, le llaman- a su reforma eléctrica. Muchas voces ya habían advertido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los principales operadores de la reforma que tal y como está redactada contraviene distintos acuerdos contenidos en el T-MEC, lo que a su vez significa afectar intereses de poderosas empresas estadounidenses.

A diferencia de México, el gobierno de Estados Unidos sí defiende los intereses de las empresas de su país. Por ello, las empresas estadounidenses que sintieron que resultarían afectadas con la reforma eléctrica propuesta por el gobierno mexicano buscaron el apoyo de legisladores y de la Casa Blanca. Presentaron documentos, argumentos, e hicieron ver a las autoridades de Estados Unidos que, de aprobarse la reforma en los términos planteados, el T-MEC estaría en riesgo.

La reforma eléctrica del gobierno de López Obrador generó la crítica de un grupo de 40 congresistas estadounidenses, quienes dijeron estar gravemente consternados por lo que llamaron “un esfuerzo del gobierno mexicano para excluir a empresas privadas del sector energético”. Los congresistas señalaron que “el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el objetivo explícito de brindar a las empresas nacionales de energía de México, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, un trato preferencial, en directa contradicción con el T-MEC que su propia administración negoció y firmó”.

En días previos, la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) había atacado la propuesta eléctrica del gobierno mexicano, afirmando que tiene el potencial de aumentar los costos energéticos para las cadenas de producción instaladas en el país.

El apretón final y definitivo llegó con sombrero vaquero a Palacio Nacional. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, acudió a reunirse con “alguien importante” para dialogar sobre la reforma eléctrica. Con respeto a quienes laboran en Palacio Nacional, ahí sólo hay dos funcionarios “importantes”: el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Como el titular de Hacienda no ha participado en el debate, lo que se presume es que la reunión fue con el titular del Ejecutivo.

“Sostuve hoy importantes reuniones con @GobiernoMX para hablar sobre reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de #EEUU. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días”, publicó el embajador Salazar en su cuenta de Twitter.

Pocas horas después, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados anunció que la dictaminación de la reforma eléctrica se pospondría hasta abril de 2022. O sea, se retiraba su carácter de preferente que obligaba al Congreso a dictaminarla en este mismo periodo de sesiones que concluye en diciembre.

La presión de Estados Unidos cumplió su objetivo. Y tan fue así, que el presidente López Obrador ha evitado hablar sobre el tema. No ha querido expresarse, y ha preferido guardarse el enojo.

La reforma eléctrica propuesta por López Obrador está muerta. Aunque el gobierno federal no lo reconozca, la presión de Estados Unidos la ha sepultado.

De nada sirvió la intensa campaña que emprendieron la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director general de la CFE, Manuel Bartlett, para tratar de explicar -con muchas mentiras de por medio- las supuestas bondades de la reforma.

Estados Unidos ha dado un duro golpe al presidente López Obrador, que no ha sabido entender la relación con el vecino del norte, al que provoca con frecuencia y al que, en público, llama amigo. Según él, la relación de México con Estados Unidos es de respeto y amistosa. No hay tal, y el embajador Salazar ya se lo ha hecho saber.