Ahora que el oficialismo está tejiendo para conformar la reforma electoral que les permita mantenerse en el poder varios años más, diversos personajes de la sociedad civil buscan el dialogo con el gobierno para construir una reforma consensuada, al tiempo que también el PAN, PRI y MC, perfilan diversos documentos que recogen sus propuestas en la materia.

Platicando con varios involucrados en la redacción de la reforma electoral paralela a la del gobierno, se observa que por muy acabadas que sean estas, es casi imposible que sean consideradas en la reforma electoral de Pablo Gómez.

La visión de ambos grupos sobre el tema  es diametralmente diferente, ya que del lado del oficialismo se busca acotar a las minorías en el Congreso con la eliminación de los legisladores plurinominales, al tiempo de reducir sustancialmente las prerrogativas que en la actualidad tienen, además de otros temas que tienen que ver con el financiamiento público y privado, así como el acceso a los tiempos oficiales y a los medios de comunicación; en tanto, por parte de los opositores se pronuncian por reglas claras democráticas.

El gobierno busca destruir los puentes que les permitieron acceder al poder para que nadie más pueda pasar por ellos.

El camino que siguen los opositores a la reforma electoral oficialista camina hacia  un callejón sin salida, sino se incorpora la movilización de la ciudadanía en todas las plazas públicas del país.

No basta que se reúnan y firmen desplegados con sus propuestas, sino se requiere un poder de convocatoria de tal envergadura que presione al gobierno a reconsiderar su postura intransigente.

La historia de las alternancias en poder en el mundo en la mayoría de los casos ha sido por la vía pacífica, empero hay otras que son violentas y que enfrentan a la población, por ello en menester que todos, absolutamente todos, hagan lo conducente para evitar que la sangre llegue al rio.

No entiende  el gobierno que conformar una reforma electoral como una camisa de fuerza que impida moverse a los opositores, tarde que temprano, atentará con contra la gobernabilidad y la paz social.

Será acaso que la incipiente dictadura mexicana quiere llegar a esos extremos y por ello mantiene un control férreo sobre las fuerzas armadas.

Veremos en los próximos meses como se desarrolla el periplo de la reforma electoral oficialista. La disyuntiva debe pasar necesariamente por el crisol de la apertura a las voces discordantes al régimen por la vía de la representación en el Congreso, o de plano, el gobierno va a ser una calca de los regímenes represores de la región. 

No les basta tener el control total de los órganos electorales, el Poder Legislativo y el Judicial, sino que, también requieren construir un nuevo entramado legislativo para plasmar en la Constitución las nuevas leyes que imposibilita la alternancia por las vías institucionales y pacíficas.

No obstante que los integrantes de la Comisión electoral del gobierno han insistido que se escucharán todas las voces de la sociedad en la elaboración de la reforma electoral, la realidad es que no se han girado invitaciones a los partidos de oposición y otros interesados para participar en algún ejercicio de parlamento abierto o de democracia participativa, aunque para el caso no tendrá ningún efecto práctico, porque las propuestas vertidas no servirían de nada en términos de la redacción final de la reforma electoral.

Exconsejeros del IFE-INE y exmagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial hicieron un llamado a un dialogo nacional amplio en favor de una democracia incluyente y plural en México, para que la reforma electoral sea producto del más amplio consenso.

El planteamiento  se hace torno a seis ejes de discusión es bastante interesante y si estuviéramos ante un gobierno democrático, seguro, se tomarían en cuenta, empero será infructuoso, en la medida que se ignore su contenido.

Fortalecer la representación política, preservar la autonomía e independencia de los organismos electorales, la designación de consejerías y magistraturas electorales por el Congresos, mantener el padrón y la credencial para votar bajo el resguardo del INE, garantizar la fiscalización y la rendición de cuentas de los partidos y modificar las reglas de elección de justicia electoral para privilegiar méritos, capacidad técnica e independencia, entre otros puntos relevantes.

Los impulsores del movimiento “Consenso Electoral” han insistido en el rechazo de expresiones que buscan dividir y confrontar. “la reforma electoral debe discutirse con base en argumentos y propuestas, sin descalificaciones y debe construirse desde el consenso democrático”.