La discusión ya no versa si Petróleos Mexicanos está en crisis. El debate real es otro: qué tan profunda es la debacle y cuánto más puede resistir el erario antes de colapsar junto con la empresa. Porque hoy la ruina de Pemex no solo es evidente, es medible, documentada y, sobre todo, cada vez más costosa para el país.

Los números son el primer golpe de realidad. En 2025, la producción de hidrocarburos líquidos promedió apenas 1.63 millones de barriles diarios, una caída cercana al 7% respecto al año previo y muy lejos de la meta oficial de 1.8 millones.  Más aún, la propia empresa reconoce que su producción se mantiene estancada en niveles de entre 1.6 y 1.65 millones de barriles diarios, sin capacidad real de crecimiento. Es decir, la narrativa de “rescate” se estrella contra una realidad operativa de declive estructural.

A este deterioro productivo se suma una deuda que sigue siendo monumental. Aunque el gobierno presume reducciones, Pemex cerró 2025 con pasivos financieros por alrededor de 85 mil millones de dólares —más de 1.8 billones de pesos—. A ello se agregan otros 24 mil millones de dólares en adeudos a proveedores.  En los hechos, se trata de la petrolera más endeudada del mundo, sostenida artificialmente por transferencias públicas que en 2025 superaron los 395 mil millones de pesos.

Pero si la deuda es escandalosa, la sangría por corrupción resulta igual de alarmante. El robo de combustibles —el llamado huachicol— generó pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos en 2025, un incremento de 14.4% respecto al año anterior.  Y eso es apenas la superficie. El llamado “huachicol fiscal”, un sofisticado esquema de contrabando y evasión de impuestos, provoca pérdidas estimadas de hasta 600 mil millones de pesos anuales para el Estado mexicano. Es decir, no solo se roban el combustible: también se evade el ingreso fiscal que debería financiar al propio país.

La ordeña de ductos —más de 10 mil tomas clandestinas detectadas en un solo año— confirma que el problema no está contenido, sino institucionalizado. Hablar de combate al robo de combustibles, frente a estas cifras, raya en la simulación.

En paralelo, los pasivos ambientales y operativos siguen acumulándose. Los derrames de petróleo en el Golfo de México, recurrentes en los últimos años, no solo representan daños ecológicos incalculables, sino costos económicos crecientes por remediación, sanciones y pérdida de activos. Aunque las cifras oficiales suelen fragmentarse, distintos reportes internos y legislativos han advertido que cada incidente implica pérdidas millonarias y evidencia fallas graves en mantenimiento e infraestructura.

La responsabilidad de esta crisis tiene nombres y apellidos. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la gestión de Octavio Romero Oropeza apostó por la simulación sobre la eficiencia, con resultados que hoy están a la vista: caída productiva, endeudamiento y opacidad. Con Víctor Rodríguez Padilla al frente bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el diagnóstico no cambia. La estrategia sigue centrada en sostener a Pemex con recursos públicos, sin corregir sus fallas estructurales.

La mea culpa del titular de la petrolera de haber sido engañado por sus colaboradores, habla de una total ineptitud.

El caso más emblemático del fracaso de la 4T es la refinería de Dos Bocas. Concebida como el eje de la autosuficiencia energética, ha implicado más de 20 mil millones de dólares y contando, retrasos constantes y una cadena de accidentes laborales que la colocan como una de las obras más cuestionadas del sector. A la fecha, su impacto en la producción nacional de combustibles sigue siendo marginal frente al costo invertido.

La llamada “soberanía energética” terminó convertida en otra falacia. Apostar por los combustibles fósiles, en un contexto global de transición energética, no solo es anacrónico, sino financieramente inviable. Mientras el mundo invierte en energías limpias, México sigue apostando recursos públicos a una empresa que pierde dinero, contamina más y produce menos.

El efecto en las finanzas públicas es directo. Pemex no solo dejó de ser palanca de desarrollo: se convirtió en un barril sin fondo. Cada peso destinado a sostenerla es un peso que se le resta a salud, educación o infraestructura. El costo de oportunidad es brutal.

El debate no puede seguir atrapado en consignas ideológicas. Los datos ya demolieron el discurso. Pemex produce menos, debe más, pierde recursos por corrupción y depende crecientemente del presupuesto público para sobrevivir.