Hay delitos que no podrían existir sin la complicidad del Estado. El despojo de viviendas, terrenos y propiedades es uno de ellos.

Durante años, miles de familias en la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades del país han visto cómo un patrimonio construido con décadas de trabajo termina en manos de grupos criminales que actúan con una seguridad que sólo puede explicarse por la protección de una amplia red de corrupción institucional.

No se trata únicamente de invasores que irrumpen en un inmueble.

Detrás de cada despojo suele existir una estructura perfectamente organizada donde participan falsificadores de documentos, notarios sin escrúpulos, despachos especializados, policías omisos, ministerios públicos que retrasan o desaparecen denuncias, jueces que conceden resoluciones cuestionables y otros servidores públicos que hacen de este delito un negocio multimillonario.

Ese es el verdadero problema.

No estamos frente a hechos aislados.

Estamos frente a una industria criminal.

Por ello resulta insuficiente el protocolo anunciado hace unos días por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para atender a las víctimas del despojo. Nadie puede estar en contra de que existan mecanismos de atención, asesoría jurídica o acompañamiento institucional. El problema es que el protocolo parece concentrarse en las consecuencias del delito y no en las estructuras de corrupción que lo hacen posible.

Porque la pregunta sigue sin respuesta.

¿Cuántos ministerios públicos han sido procesados por facilitar despojos?

¿Cuántos policías han sido destituidos por proteger invasiones?

¿Cuántos funcionarios del Registro Público de la Propiedad han sido investigados por alterar expedientes?

¿Cuántos jueces enfrentan procedimientos por resoluciones irregulares?

Mientras esas respuestas no existan, cualquier protocolo corre el riesgo de convertirse en una medida reactiva y no en una verdadera política pública de combate al delito.

Existe además una contradicción que llama poderosamente la atención.

Las autoridades piden a las víctimas acreditar la propiedad del inmueble mediante documentos que, en numerosos casos, permanecen precisamente dentro de la vivienda que les fue arrebatada por los invasores.

Es decir, el ciudadano despojado no sólo pierde temporalmente su patrimonio.

También pierde el acceso a la documentación necesaria para demostrar que ese patrimonio le pertenece.

La carga de la prueba termina recayendo sobre quien fue víctima del delito.

Es un contrasentido jurídico.

En lugar de facilitar la restitución inmediata de la posesión cuando existan indicios razonables de propiedad, el sistema obliga al afectado a iniciar largos litigios civiles y penales que pueden prolongarse durante años, mientras los ocupantes ilegales continúan disfrutando del inmueble.

La justicia llega tarde. Y cuando llega, muchas veces ya no sirve.

Lo más preocupante es que este fenómeno no constituye una excepción.

En diversas regiones del país el despojo se ha convertido en una actividad criminal altamente rentable. Las mafias identifican viviendas deshabitadas, inmuebles de adultos mayores, propiedades en litigio o casas cuyos propietarios viven en el extranjero. Después aparecen documentos apócrifos, denuncias fabricadas, contratos simulados y toda una cadena de complicidades institucionales que termina legalizando lo ilegal.

Nada de eso podría ocurrir sin la participación de servidores públicos.

Por ello sorprende que, cada vez que estalla un nuevo escándalo, las autoridades anuncien protocolos, ventanillas especiales o campañas informativas, pero muy pocas veces presenten resultados concretos contra quienes desde las propias instituciones facilitan estos delitos.

La impunidad sigue siendo la mejor aliada de los despojadores.

El Estado tiene una obligación constitucional que no admite interpretaciones: proteger la vida, la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas.

Cuando un ciudadano pierde su vivienda porque una organización criminal la invade con la complicidad de funcionarios públicos, el Estado ha fracasado en una de sus responsabilidades más elementales.

Lo que exigen los ciudadanos son investigaciones profundas que desmantelen las redes de corrupción enquistadas en ministerios públicos, corporaciones policiacas, registros públicos, notarías y juzgados.

Porque mientras esas estructuras permanezcan intactas, los despojos seguirán ocurriendo.

La Cuarta Transformación ha sostenido, desde su origen, que llegó para erradicar la corrupción y colocar primero a los más vulnerables. El combate al delito de despojo representa una oportunidad para demostrarlo con hechos.

Mientras las mafias del despojo sigan operando bajo el manto de la impunidad, el mensaje será devastador: en México no sólo está en riesgo la seguridad de las personas, también la seguridad de su patrimonio.