La obstinación de Elba Esther Gordillo por recuperar el SNTE, raya en la obsesión en una causa que está totalmente pérdida ya que, por ejemplo, en el mes de febrero de 2018, se emprendieron 33 Demandas de Amparo pidiendo al mismo número de Jueces Federales la nulidad de la elección de Juan Díaz De la Torre como Presidente del Consejo General Sindical del SNTE y la nulidad de todos los actos derivados de su mandato estatutario. Al respecto, en los 33 juicios, el Poder Judicial de la Federación resolvió que eran improcedentes las demandas y que era válido su nombramiento y todos los actos jurídicos realizados por el líder de ese organismo sindical.
En términos jurídicos y sindicales, la pretensión de la maestra de recuperar la dirigencia del SNTE es imposible en función de varias consideraciones legales:
De acuerdo a fuentes consultadas del área jurídica del SNTE, las Tomas de Nota de todos los eventos estatutarios del SNTE han sido concedidas por unanimidad del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es decir con la aprobación de los 24 magistrados. Lo que da cuenta de la legalidad de los mismos. Destaca el Congreso Nacional del SNTE celebrado en febrero de 2018 en Puerto Vallarta, Jalisco, en el que se aprobó la reforma estatutaria y la elección de la actual dirigencia.
Para un sindicato como el SNTE, no existe ninguna otra instancia laboral, salvo el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para calificar la legalidad de las decisiones sindicales y si reúnen todas las condiciones de la ley y apego al Estatuto, otorgan Toma de Nota.
Legalmente, no es viable reparar jurídicamente una serie de acontecimientos con efectos legales que dejan sin efecto cualquier pretensión de revertir lo dispuesto por el propio SNTE y los mismos tribunales.
No hay que olvidar que ya se convocó al máximo órgano de gobierno sindical del SNTE y que cerca de 4000 delegados de todo el país, electos de manera democrática, decidieron la conclusión de la anterior dirigencia, aprobaron una nueva norma estatutaria y eligieron a nueva dirigencia.
Por lo que existe reconocimiento legal pleno a la nueva dirigencia electa y al nuevo estatuto, producto del VII Congreso Nacional del SNTE.
Que el cargo que Gordillo estaría reclamando y las atribuciones del mismo, no existen en el nuevo estatuto. (Juicio sin Materia).
Que todos los Órganos de Gobierno Sindical nacionales y estatales han sido renovados.
Que el transcurso del tiempo ha dejado sin efecto ya, su período sindical (2012 - 2018).
Que “el bien Jurídico tutelado en el Derecho Laboral” respecto a los Sindicatos es el respeto a la “voluntad de los trabajadores”, misma que se vulneraría si ella regresa. En febrero de 2018 el Congreso decidió cambiarla.
En Derecho, ningún Tribunal puede revocar sus propias resoluciones, por lo que el TFCYA no podría desdecirse de sus actuaciones
Gordillo busca litigar en medios para dividir la opinión de los agremiados al SNTE y con ello crearle un conflicto exponencial a la gestión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador
Las acciones legales de la ex lideresa serían jurídicamente de imposible reparación, por lo que debe subsistir la dirigencia actual con todos sus efectos y consecuencias estatutarias.
En los escritorios de Olga Sánchez Cordero y de Esteban Moctezuma, próximos secretarios de Gobernación y de Educación Pública, está una bomba de tiempo que les puede estallar en las manos, si es que permiten que se trastoque el orden jurídico que dio legalidad a la actual dirigencia, pero más allá de ello, deben tutelar los derechos a la educación de los estudiantes, por ello, cualquier conflicto que se detone en el seno del SNTE, afectaría la propia gobernabilidad.