Una pregunta derivada de la 4T. ¿Por qué los que votaron a favor de la cancelación del NAICM, no pagan los bondholders del nuevo aeropuerto? No es justo que todos los paguemos con nuestros impuestos.

La cancelación de nuevo aeropuerto de Texcoco trajo consigo desprestigio, costos políticos, despidos, demandas en tribunales extranjeros, mella en la confianza del país, devaluación y caída de la bolsa de valores, todo ello, debido a que el presidente López Obrador, quería mostrar quien tiene el poder.

Una entelequia conformada por mentiras y más mentiras.

Una decisión política que es una de la más desastrosas hecha por presidente alguno, tan solo medida por el impacto en la economía y no en tema social.

El daño apenas empieza a vislumbrarse, falta el desenlace que llevará varios años y que el saldo definitivo marcará el sexenio de AMLO.

Insistir sobre que hubiera sido más barato terminar la obra completamente o proceder a su cancelación es un ejercicio desgastante y repetitivo, empero, hay que insistir en ello, toda vez que aún hay condiciones para revertir el mal.

Hay costos tangenciales que ahora ni pintan y que todavía no aparecen en el estado de resultados, pero que terminarán por incrementar la deuda pública que ya de suyo, es inmanejable.

Las cuatro emisiones de bonos que suman seis mil millones de dólares, representan una parte de ese gran pasivo que diario se genera con las decisiones cotidianas del mercado que seguirá castigando a nuestro país. Tan solo un indicador, el dólar ya casi alcanza cotizarse en 21 pesos.

Ya se han hecho cálculos que el daño ronda en 15 mil millones de dólares, empero eso representa apenas los costos directos, faltan los indirectos como el desplome en la captación de divisas por los visitantes extranjeros que se verán afectados, debido a la saturación del aeropuerto más importante que tiene el país como es el Benito Juárez.

No se pueden compensar o resarcir las pérdidas provocadas por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, como tampoco se puede garantizar que no ocurrirán accidentes fatales por la saturación del aeropuerto actual y la operación de Santa Lucia.

El tema es el más serio que enfrenta el nuevo gobierno y vaya que hay otros que tienen también serias implicaciones, como la inseguridad pública donde el nuevo gobierno ha tenido que recular en su idea de retirar al ejército de las calles o el desmantelamiento de la estructura gubernamental, por lo que miles de servidores públicos se están amparando contra la Ley de Remuneraciones o la de Administración Pública.

Justifican algunos que el cambio de paradigmas tiene costos y que a la larga se compensan con creces, sin embargo, la bomba que fueron construyendo es de tal poder de destrucción que los eventuales beneficios, si es que los hay, serán nimios.

Eso de bajar los altos sueldos para el remanente dárselo a los pobres es una entelequia que forma parte del manual del populismo.

El echar abajo las reformas estructurales de su antecesor e implementar otras, con los suficientes candados para que nadie las cancele o hacer magnas obras como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, cancelando las que se recibieron, es otro dogma del citado manual.

De ahí que la interrogante que hemos planteado, aunque suene dura, de que los errores o perjuicios económicos derivados de malas decisiones del nuevo gobierno las paguen solo quienes por el votaron, porque a la vista son decisiones populistas e inconstitucionales.