“Será Bernardo Bátiz o Alejandro Gertz, lo demás es simulación”: Vox populi.

·       27 en la puja final, pero solo dos tienen posibilidades.

27 de los aspirantes al cargo de Fiscal General de la República ya aprobaron el filtro de los requisitos, pero es poco probable que 25 de ese listado tengan posibilidades de llegar a la recta final y en su caso ser aprobados por el pleno de la Cámara de Senadores para esa responsabilidad dentro de la administración pública federal. Y para no ir muy lejos, hay dos nombres que la vox populi menciona como los favoritos para el cargo: Bernardo Bátiz Vázquez y Alejandro Gertz Manero. Y en esa fórmula, al parecer, el único requisito que contará será el de  ser cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En realidad, se dice, el proceso que al respecto se ha iniciado al interior de la Cámara Alta forma es para dar idea que el ungido, y tal vez ya elegido, se sometió a lo previsto en  el segundo párrafo del Apartado A del artículo 102 de la Constitución, y los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para ocupar la titularidad de dicha institución cuyo titular debe gozar de autonomía.

Por lo pronto, La comisión de Justicia del senado ha informado que sus integrantes ya dieron el visto bueno, con 7 votos a favor y dos abstenciones, donde el dictamen legislativo señala que 27 aspirantes cumplieron con los requisitos de ley, por lo que esa lista ya fue remitida a la Junta de Coordinación Política, que elaborará una lista de al menos diez candidatos al cargo, que deberá ser aprobada en sesión por las dos terceras partes de los miembros presentes, y la cual se enviará al Ejecutivo Federal.

De este proceso hay que recordar que la figura de Fiscal General de la República surge con la modificación constitucional que se dio con la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2013 y promulgada por el Ejecutivo federal en febrero de 2014, pero fue hasta diciembre del año pasado cuando en la Cámara de Diputados quedó aprobada la ley orgánica para dicha institución.

Es de precisar también que dicha norma ya había sido aprobada en el Senado de la República y en virtud de que no tuvo cambios se envío al Poder Ejecutivo para su promulgación y entre en vigor, acto que en consecuencia daría entrada a la desaparición inmediata de lo que hoy conocemos como PGR y se convierta en FGR.

Es precisamente en esta etapa de transición en la que se ubica el proceso de selección que se lleva a cabo en el senado de la república.

En ese sentido, Julio Menchaca, presidente de la referida Comisión de Justicia, ha señalado que la designación del primer Fiscal General de la República no puede prolongarse. Añadió que el tiempo marcado por la Constitución, la ley y la convocatoria se atendieron en sus términos. De ahí precisamente que el día 16 de enero los senadores han sido convocados a sesionar de manera extraordinaria para dar cumplimiento a dicho nombramiento.

No obstante la elección de 27, las inconformidades no se han hecho esperar al interior del recinto donde se lleva a cabo el proceso de elección.

Damián Zepeda, de Grupo Parlamentario del PAN, expuso que la Comisión tendría que haber realizado un análisis profundo de los perfiles que se registraron, mediante entrevistas con cada uno, “para tener una idea y hacernos de una opinión a fondo de qué es lo que proponen”.

Samuel García, de Movimiento Ciudadano, refirió que se pudo haber legitimado el dictamen con la participación ciudadana. Propuso que la lista de 10 candidatos que el Senado al final envíe al Presidente de la República, se construya con la participación de la ciudadanía. 

Lucía Trasviña, de Morena, advirtió que no se pueden negar derechos políticos y civiles a quienes aspiran a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Josefina Vázquez Mota, del PAN, dijo que es conveniente dar el derecho de audiencia a todos los aspirantes, independientemente a que hayan demostrado ser elegibles por su capacidad y trayectoria.

El senador de Morena, Cristóbal Arias Solís, urgió a trabajar en una efectiva procuración de justicia y un combate eficaz a la impunidad. “No debemos encontrar otras connotaciones a quienes reúnen con los requisitos que se establecen en la convocatoria”, sostuvo.

En fin. Son 27 los que entre otros requisitos cumplieron con lo establecido en la convocatoria, ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años de edad cumplidos, tener título profesional de licenciatura en derecho con antigüedad mínima de diez años al día de la designación, gozar de buena reputación y honorabilidad, no haber sido condenado por delito doloso, pero también es cierto que solo dos de ellos gozan de la empatía del grupo parlamentario Morena y sus aliados, que para mayor precisión son del partido al que pertenece el presidente de la república. O sea, así o más clara la simulación, y hasta ahí porque como veo doy.