Cámara de Diputados

16 Abril, 2026

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Diputada de Morena propone tipificar discriminación laboral por embarazo

04 Abr 2023

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Vences abundó que se propone modificar varios artículos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Diputadas y diputados de la Comisión de Vigilancia se reunieron con el titular de la ASF

30 Mar 2023

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La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), se reunió con el titular de la Auditoría Superior de la Federación

Sin acuerdo en la Jucopo para elegir a las y los cuatro consejeros del INE

30 Mar 2023

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En conferencia de prensa, el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena sostuvo que en la reunión de esta tarde no hubo ningún nombre de las y los aspirantes sobre la mesa

Realizan en San Luis Potosí asamblea regional en materia de educación indígena

27 Mar 2023

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Es un claro reflejo de un abandono institucional y de la implementación de políticas públicas que durante décadas han padecido estas comunidades, que han significado barreras para preservar el número de hablantes de lenguas indígenas

Fallo de la Corte contra plan B es por ‘presiones políticas’, acusa Ignacio Mier

27 Mar 2023

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acusó que la decisión del ministro Javier Laynez, de invalidar el Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador

En San Lázaro se recibirá a gobernadores para darles a conocer el proceso de planeación del PEF 2024

13 Mar 2023

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Apuntó que la Comisión de Infraestructura presentará la cronología del registro de proyectos para la Unidad e Inversión de la Secretaría de Hacienda

El derecho a ser buscado debe estar en la Constitución: Rubén Moreira

13 Mar 2023

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Para el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados el derecho a ser buscado debe estar en la Constitución, afirmó su coordinador

El Pleno de la Cámara de Diputados conmemoró el Día Internacional de la Mujer

09 Mar 2023

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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión solemne en la que participaron diputadas de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD

Aprobaron reformas para prevenir violencia en contra de niñas, niños y adolescentes en los centros educativos

09 Mar 2023

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Menciona que la duplicación de la pena en los casos de suspensión pasa de cinco o diez años, ello, conforme al principio de proporcionalidad y para robustecer el marco jurídico

Diputada de Morena pide mayor análisis sobre el cabotaje

07 Mar 2023

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El cabotaje permitiría, en caso de ser aprobado, que las líneas aéreas extranjeras pudieran realizar vuelos al interior del país, lo que, de acuerdo con la industria aérea nacional

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.