Es probable que a estas horas aún no haya resultados definitivos de la jornada electoral de ayer, ya que los pronósticos adelantaban votaciones cerradas y posible judicialización del proceso. Pero más allá de los organismos políticos que se levanten con los triunfos en el estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, creo que es el momento de reflexionar sobre nuestro sistema de partidos y su financiamiento con recursos públicos.

Las encuestas de opinión pública han dado sus resultados al respecto señalando a los candidatos que están en la preferencia o ánimo de la ciudadanía, sea por sus propuestas, por su carisma, por su trayectoria profesional, por sus dotes de oradores o simplemente por el partido que representan, lo cierto es que el próximo domingo, en cada elección en juego, sólo habrá espacio para que uno de ellos levante el brazo en señal de victoria.

Ejemplo de lo que está pasando al calor de las campañas políticas hay muchos en materia de insultos, descalificaciones e improperios, e incluso estos están más presentes en el electorado que las propuestas de trabajo o programas para resolver los diversos problemas que aquejan a la población.

Por su contribución al desarrollo de la urbe capitalina, esta semana la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) entregó la Medalla al Mérito Ciudadano 2017 a los investigadores sociales universitarios Alicia Ziccardi Contigiani y Manuel Perló Cohen, académicos destacados que han contribuido al desarrollo de la Ciudad de México.

Hacen paradas donde se les da la gana; los conductores hablan por celular en largos trayectos de la ruta en la que operan; en ocasiones los choferes van platicando con sus acompañantes; “si no le gusta bájese” gritan a quienes le reclaman por su mala conducta; recorren rutas con música en altavoces a todo lo que da; muchas de la unidades circulan sin que la autoridad nada diga por los altos índices de contaminantes que fluyen por los escapes. Son algunas de las características que lamentablemente distinguen al transporte público concesionado de la Ciudad de México.

La detención de Javier Duarte, el exmandatario veracruzano que hasta el sábado permaneció como prófugo de la justicia, provocó diversas reacciones en la opinión pública.

Ahora que están de moda las mediciones de opinión en vísperas de la sucesión presidencial de 2018, y después de que casi ninguna de las encuestas le atinó en los levantamientos que se hicieron en torno a las elecciones que hubo a fines del año pasado en los Estados Unidos, donde la mayoría perfiló que ganaría la candidata del partido demócrata, Hillary Clinton, y al final ganó el republicano Donald Trump, es válido preguntarnos por el valor que los ciudadanos mexicanos debemos dar a los prematuros resultados que circulan en medios de información tradicionales, digitales y todo tipo de redes sociales respecto al evento electoral que se avecina.

De los comicios, el de la tierra mexiquense es el que tiene puestos los ojos de mayor número de analistas políticos y encima los reflectores mediáticos, pues sus resultados son la antesala de la madre de todas las elecciones en 2018 y quien triunfe estará dando un

La decisión de un representante de la justicia en el sentido de amparar a uno de los jóvenes involucrados en el caso denominado “Los Porkys”, puso al poder judicial en el ojo del huracán de la opinión pública y con su acción contribuye a deteriorar aun más la imagen que ya de por sí tienen los jueces y magistrados del poder judicial, porque si algo se dice de ellos en los medios tradicionales de información, el internet  y las redes sociales es que se despachan con la cuchara grande en materia de salarios y prestaciones sociales que tienen, eso sin contar los cuestionamientos a su trabajo, ya que una y otra vez, emiten sentencias alejadas de la realidad, tendenciosa y muchas veces dan idea que es la corrupción la que habla y manda en sus veredictos.

Más allá de sus diferencias políticas, de los perfiles de sus candidatos, de sus propuestas o de sus programas ideológicos, nos da gusto que los partidos políticos contendientes en la elección para renovar la gubernatura del Estado de México iniciarán con un compromiso firmado en el sentido de reducir al cincuenta por ciento los gastos de acuerdo al tope autorizado por las autoridades electorales, que era de 285 millones 566 mil 771 pesos, lo cual habla bien de ellos y de su obligación moral con la realidad de tiempos difíciles que vive el país.