Turismo

27 Abril, 2026

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Turismo

De Cinco Estrellas. Cancún se consolida como el mejor destino del Caribe en Río de Janeiro. Por: Victoria González Prado

04 Oct 2023

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En esta Feria, se reúnen agentes de turismo, representaciones de destinos, atracciones turísticas, espacios para eventos, hoteles

De Cinco Estrellas. Arajet celebra su primer aniversario de operaciones junto a Boeing. Por: Victoria González Prado

02 Oct 2023

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Víctor Pacheco, CEO y fundador de la aerolínea agradeció a sus principales inversionistas Bain Capital y a Griffin Capital Management

De Cinco Estrellas. Aeroméxico, en alianza con Formia, Etro y Gen Phoenix, ofrece nuevo Kit. Por: Victoria González Prado

29 Sep 2023

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Alianzas como estas encaminan a Aeroméxico a lograr sus objetivos en torno a la sostenibilidad

De Cinco Estrellas. Oakland Style, celebración anual de cinco días de arte, música, moda, cocina y cultura. Por: Victoria González Prado

27 Sep 2023

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25 Sep 2023

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Promete ofrecer experiencias culinarias únicas a precios inigualables

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22 Sep 2023

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El Cancún Travel Mart, que en este 2023 celebra su 35 edición, organizado por William H. Coleman

De Cinco Estrellas. La oficina de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y el Museo Chicote otorgaron reconocimiento a la CDMX. Por: Victoria González Prado

20 Sep 2023

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Desplas Puel agradeció el reconocimiento y señaló la gran relación e historia que existe entre ambas ciudades

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18 Sep 2023

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Durante el evento, la Canirac reconoció la fortaleza del sector y las historias detrás de los ganadores que son fuente de inspiración

De Cinco Estrellas. Pasajeros transportados por Grupo LATAM a destinos internacionales crecieron 44%. Por: Victoria González Prado

15 Sep 2023

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Grupo LATAM informó que en agosto pasado el total de pasajeros transportados creció 16.3 por ciento respecto al mismo mes del 2022

De Cinco Estrellas. 90 por ciento de los mexicanos busca viajar de manera sustentable. Por: Victoria González Prado

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En tiempo de incertidumbre general mundial, viajar de manera sostenible continúa en la mente de la comunidad viajera

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.