Proponen campañas de difusión para servicios y trámites por fallecimiento derivados de COVID-19

09 Mayo, 2026

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Proponen campañas de difusión para servicios y trámites por fallecimiento derivados de COVID-19

17 Feb 2021

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Piden a las 16 Alcaldías intensificar visitas domiciliarias en funerarias registradas y clandestinas para decomisar certificados de defunción modificados o apócrifos

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor del Gobierno Federal, así como a la Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Agencia de Protección Sanitaria, de la ciudad, a emprender una campaña permanente de difusión y concientización sobre los servicios y trámites para atender el fallecimiento de personas confirmadas o por probable COVID-19.

Al presentar su propuesta la diputada Jannette Guerrero Maya (PT), precisó la necesidad de que la información sea distribuida en juzgados civiles, ventanillas especiales, funerarias, así como en los hospitales públicos y privados.

Asimismo, planteó extender el exhorto a la Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Agencia de Protección Sanitaria a que agilicen la atención y trámites que ofrecen en sus instalaciones ante el fallecimiento de una persona bajo cualquier supuesto o causa de muerte; así como difundan y capaciten a personal médicos del ámbito público y privado, sobre el correcto llenado del certificado de defunción por virus SARS-COV2 (COVID-19).

Guerrero Maya sumó en su propuesta la solicitud para que también informen en los sitios señalados lo contenido en los documentos “Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México” y “Recomendaciones para familiares en duelo durante la pandemia de COVID-19”, es decir evitar ceremonias religiosas correspondientes al acto.

Dijo que el Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a que intensifiquen las visitas domiciliarias en las funerarias de la capital, y en especial, a las funerarias localizadas y catalogadas como clandestinas, con el fin de decomisar certificados de defunción modificados o apócrifos”, propuso la legisladora.

Con información de: Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México

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MAYO 2026

**PACIFICACIÓN: SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, NO HAY RUTA**

La pacificación de México no admite atajos retóricos ni soluciones parciales. Es un objetivo legítimo, urgente y compartido, pero su cumplimiento exige algo más que despliegues operativos o ajustes discursivos: requiere reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar espacios de impunidad y someter al escrutinio público a todos los niveles de gobierno.

Durante años, la estrategia de seguridad ha oscilado entre la contención y la reacción. Se han fortalecido capacidades, sí, pero el fenómeno criminal ha demostrado una notable capacidad de adaptación. En ese contexto, la discusión de fondo no puede eludirse: ¿cómo garantizar que las autoridades —federales, estatales y municipales— actúen con integridad y sin interferencias indebidas?

La respuesta pasa por un principio básico en cualquier Estado de derecho: rendición de cuentas efectiva. Esto implica investigaciones independientes, fiscalías con autonomía real, sistemas de inteligencia que funcionen y mecanismos de control que no dependan de la voluntad política del momento. No se trata de señalar sin pruebas, sino de construir condiciones para que cualquier sospecha fundada sea investigada con rigor y transparencia.

El desafío es mayúsculo porque la percepción de impunidad sigue siendo uno de los principales factores que erosionan la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no se aplican de manera uniforme, que hay zonas grises o que ciertos actores están fuera del alcance de la ley, la confianza se diluye. Y sin confianza, cualquier política de seguridad está condenada a resultados limitados.

En este punto, la coordinación entre niveles de gobierno es indispensable. La seguridad no es una competencia exclusiva de la federación ni puede resolverse desde un solo frente. Los estados y municipios juegan un papel central, tanto en la prevención como en la reacción. Sin embargo, esa coordinación debe ir acompañada de estándares claros y de la capacidad de intervenir cuando estos no se cumplen.

La cooperación internacional también es un componente clave. México no enfrenta este problema en aislamiento. El tráfico de drogas, armas y dinero ilícito es transnacional por definición. De ahí que la colaboración con socios estratégicos deba centrarse en inteligencia, control de flujos financieros y combate a redes logísticas, más allá de discursos o tensiones coyunturales.

Pero incluso con mejores herramientas y mayor coordinación, la pacificación no será posible si no se atienden las causas estructurales que alimentan la violencia. Desigualdad, falta de oportunidades, debilidad institucional y economías locales capturadas por el crimen forman parte del ecosistema que permite la reproducción del problema. Ignorarlos sería perpetuar el ciclo.

El reto para el gobierno federal es doble. Por un lado, sostener una estrategia de seguridad eficaz y medible. Por otro, enviar señales claras de que no habrá tolerancia para conductas indebidas dentro del propio aparato estatal. Esto último es particularmente sensible, porque implica asumir costos políticos en aras de fortalecer el Estado de derecho.

La narrativa importa, pero los resultados importan más. La pacificación no se decreta: se construye con instituciones que funcionen, con justicia que llegue a tiempo y con autoridades que rindan cuentas. En esa ecuación, el combate a la impunidad es el factor decisivo.

El país no necesita más promesas grandilocuentes, sino una hoja de ruta clara, con metas verificables y mecanismos de seguimiento. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, no se conforma con diagnósticos. Exige soluciones.

En síntesis, la pacificación de México pasa por un principio irrenunciable: nadie por encima de la ley y todos sujetos a escrutinio. Sin esa base, cualquier estrategia será, en el mejor de los casos, insuficiente. Con ella, se abre la posibilidad real de avanzar hacia un país más seguro y más justo.