Queja común de la ciudadanía y gran parte de los actores políticos en la frecuencia señalamiento en el sentido de que el gobierno federal realiza gastos exorbitantes en materia de comunicación social con multas partidistas y una norma que regule los rubros presupuestales en la materia, por ello resulta relevante que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, junto con sus aliados del Partido Verde (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (NA), presentó una iniciativa de la Ley General de Comunicación Social.
La propuesta responde en los hechos a un pendiente que tienen los diputados y que incluso se han observado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual el 15 de noviembre de 2017 ordenó al Congreso de la Unión que, a más tardar el 30 de abril, emitir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental y comunicación social, cuyo gasto debe hacerse con base en criterios de "eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez".
En la argumentación, durante la exposición de motivos ante el pleno del recinto de San Lázaro, la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, expuso que se trata de una propuesta que responde a la exigencia ciudadana de regular no solo lo relativo a la publicidad en tiempos electorales, sino que incluye todo lo relativo a la propaganda gubernamental.
La legisladora Guillén Vicente destacó que se trata de una ley vanguardista en la que "se asegura el acceso a una información completa, oportuna, veraz y, por supuesto, al manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad del Estado mexicano".
Los objetivos propuestos se suman a otras iniciativas, al grupo parlamentario de Nueva Alianza, Mirna Isabel Saldívar Paz, quien planteó garantizar la imparcialidad del ejercicio de los recursos públicos y la neutralidad de los poderes públicos, como la elección de la intervención de los servidores públicos con fines personales y político-electorales ".
Cabe señalar que, en un resolución inédito en la vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en noviembre pasado, el poder judicial ordenado al Congreso de la Unión emitir la Ley Reglamentaria sobre Gastos de Comunicación Social del Gobierno y estafa esta acción por primera vez en la historia judicial se emite un ordenamiento al Congreso Federal para reparar una omisión legislativa.
En ese contexto, la iniciativa que presentó el PRI, con el apoyo de sus aliados legislativos del PVEM y NA, fue turnada para su dictamen correspondiente a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y aunque el proceso para su aprobación apenas ha iniciado, se da por hecho que, además de cumplir con el plazo establecido por la SCJN, será aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Unión ya que por tratarse de una ley secundaria será suficiente una mayoría simple a la hora de votar el dictamen que al respecto se emita.
Así las cosas en el Congreso de la Unión, aunque sea para los criterios políticos y electorales, es improbable que la legislación actual transmita los temas que requieran una votación de mayoría calificada, de dos terceras partes, sin duda sea una buena señal que el poder legislativo por lo menos evitará entrar en confrontación, por desacato, con el poder judicial.
