En el maldito proceso electoral han muerto 82 políticos y seis Periodistas. Estos, en lo que va del 2018.
El más reciente comunicador asesinado fue Héctor González Antonio. Antes, Alicia Díaz González, editorial de esta casa.
También cayó, Juan Carlos Huerta Gutiérrez, ejecutado en su domicilio hace 20 días, en Villa Hermosa, Tabasco.
Lo más patético es que todos los casos prevalecen la impunidad.
Parecería que van en dos rieles paralelas las muertes de políticos y periodistas, sin embargo hay un cruce en donde confluye el crimen organizado y la lucha por el poder.
Desde este momento, ya se definieron varias elecciones con un resultado en contra de los candidatos fallecidos, quienes al final de cuentas, ya no llegaron al 1 de julio.
Por ello, no es de extrañarse el retiro de candidaturas en todo el país, por miedo a morir.
En cuanto a los periodistas, la cosa esta peor, en virtud de que al silenciarlos se acota a la propia democracia y se mella las capacidades del Estado.
Todas las instancias de gobierno y el poder judicial, así como los organismos protectores de los derechos humanos, se la pasan en declaraciones y condenas por los asesinatos, sin embargo en los hechos, pocos hacen para esclarecerlos y castigar a los culpables.
La presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, Brenda Velázquez Valdez (PAN), exigió la inmediata actuación del gobierno federal ante los frecuentes delitos cometidos en contra de los comunicadores.
“Es inaceptable que ante la creciente ola de homicidios contra informadores, las autoridades de los distintos órdenes de gobierno permanezcan en la inacción, con la consecuente impunidad que únicamente favorece a los autores de estos crímenes”.
Lo que debería ser una prioridad del gobierno de la república y de los propios gobernadores, se delega en fiscales de medio pelo. No entienden que un asesinato de un periodista corta las alas de libertad y de desarrollo de una nación que pretende salir de un estado de barbarie y de ilegalidad.
Indefensos, con solo el pensamiento, la palabra y la valentía, miles de periodistas cumplen con una fundamental tarea para México con solo las armas que les da un código deontológico que si bien es cierto, los regula en su actuación, no les sirve para salvarse de morir en el cumplimiento de su deber.
Desde el sexenio de Vicente Fox se recrudecieron las agresiones a los informadores y en las dos administraciones posteriores, la de Calderón y de Peña Nieto, se incrementaron y así seguirá, por desgracia, en el siguiente sexenio, ya que ninguno de los candidatos presidenciales, han hecho una propuesta seria y articulada, para terminar con este flagelo.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), lleva puntualmente el registro de los asesinatos, sin embargo, en los hechos de poco ha servido esta figura decorativa, que solo se utiliza para evitar responsabilidades por omisión y negligencia de sus jefes. De los procuradores de justicia de los Estados y claro de la propia República.
¿Qué demonios puede hacer una burócrata que encara el reto de ser fiscal, sin recursos humanos, materiales y presupuestos y muchas veces sin tener idea sobre el sentido y esclarecimiento de un asesinato?
