Después del sismo conocido como s-19, hay algunos temas que en materia legislativa tienden a formar parte de los escombros, pues aunque en su proceso de análisis se han dado innumerables diagnósticos, producto de consultas, foros y debates, hoy la prioridad parlamentaria es la reconstrucción de las zonas afectadas y en ese contexto temas como el mando único o mixto; la ley de seguridad interior, para dotar de un reglamento y facultades precisas a la actuación de las fuerzas armadas; así como el nombramiento de un fiscal general que sustituya a la actual figura de Procurador General de la República, han sido desplazados por las discusiones que surgen en el tema de la ayuda humanitaria a damnificados.
Sí de por sí se anticipaba un encontronazo entre las fuerzas políticas conformadas por tres grupos visibles, por un lado, el PRI y sus aliados del PVEM, PES y Nueva Alianza, y por otro, el PAN, PRD y MC, en tanto que Morena define sus posturas prácticamente sin alianzas, quienes con reservas anunciaron que esos tres temas estarían entre sus prioridades en el actual periodo de sesiones, las perspectivas sobre los mismos han cambiado.
Por lo pronto en el tema del mando policial, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, ya adelantó a quienes comparten la postura de un mando mixto que su fracción no los acompañará y que ellos seguirán insistiendo en el modelo de mando único, donde se hable de la coordinación de 32 mandos policiales en vez de un mixto donde policias municipales tengan que buscar una coordinación policial con mandos estatales, ya que -dijo Camacho- con este último modelo lo único que se logra es dificultar la seguridad que requiere la población.
En cuanto a la ley de seguridad interior, no obstante que hoy se habla de una rápida y oportuna intervención de las fuerzas armadas en el desastre del s-19, y del acaecido el día 7, donde resultaron afectadas entidades de los estados de México, Oaxaca, Puebla, Morelos, Chiapas y la Ciudad de México, principalmente, los opositores a la reglamentación del ejército y marina o no se dan cuenta de la irregularidad con que operan los miembros de la malicia o el susto del sismo les quitó hasta el habla, porque ni en comisiones ni en el salón de pleno el tema ha salido nuevamente a la discusión, y en medio de ese silencio una cosa es cierta, las fuerzas armadas siguen cumpliendo con creces en las tareas en las que ya son toda una institución si de ayudar se trata.
Sin duda, después del reconocimiento social que han tenido ejército y marina, y no obstante de algunas fallas de comunicación y operación en las que se vieron inmiscuidos los altos mandos, a pesar de ello, su actuación tapó muchas bocas entre quienes se han negado a atender la solicitud de las fuerzas castrenses en el sentido de que se les de mayores y legales herramientas de actuación, porque hoy por hoy han demostrado que su tarea de brindar seguridad al país no está peleada con su función de ayuda social en situaciones de desastre o emergencia causadas por los fenómenos naturales de la naturaleza.
El tercer tema que tiende a quedarse sepultado, al menos para la LXIII Legislatura, es el que se refiere a la reglamentación que permita la designación del Fiscal General y que no es otra cosa sino el complemento final de todo el andamiaje legal que forma parte del nuevo sistema de justicia penal y del sistema nacional anticorrupción. El asunto está en comisiones y aunque se dijo que en quince días habría dictamen, aproximadamente, ya se acabó septiembre y no se ve para cuando tenga su aprobación, y la tardanza obedece a que las organizaciones civiles quieren que la figura y su normatividad regresen nuevamente a consulta. Son tres temas pendientes, pero eso nos da una idea de cómo están las cosas en el legislativo.
