Ahora que empieza la etapa de la reconstrucción,  la ciudadanía está atenta al comportamiento y actuación de los funcionarios públicos que están inmersos en ella. Desde el propio presidente de la República hasta los presidentes municipales, pasando por los gobernadores de las entidades siniestradas.

La unidad y solidaridad mostrada a partir del siete de septiembre y que mostró su máxima plenitud con el sismo del 19 de septiembre debe, ahora,  estar  acompasada por un ejercicio transparente y escrupuloso de los recursos públicos destinados para tal tarea, así como de las propias aportaciones de la iniciativa privada quienes  en un esfuerzo inusitado,  también dan  muestras de  querer regresarle a México un poco de lo que les ha dado.

Hay que considerar que 2017 y el 2018 son años destinados a la reconstrucción y está, como ya lo anuncio José Antonio Meade puede darse en un marco de estabilidad económica. El titular de la SHCP aseveró que no se verán afectadas las estimaciones económicas ni las metas de consolidación fiscal.

Si bien es cierto que los temblores y huracanes obliga a reorientar el gasto y hacer mayores esfuerzos de austeridad en el gobierno,  también en una realidad que los desastres naturales no han alterado en mayor medida la inercia de crecimiento que mantiene en país  y a pesar de este duro escollo que se enfrenta en estos momentos. El rumbo del país se mantiene firme.

Sin embargo, los movimientos telúricos han recordado a una parte de la sociedad mexicana la pobreza extrema y la marginación que viven millones de mexicanos, particularmente en el sureste del país. Ahora que la atención mediática está puesta en Chiapas y Oaxaca  se observa con indignación las condiciones infrahumanas en las que pasan la vida la mayoría de los pobladores de estas entidades y con el terremoto solo se acentuó un poco más su paupérrima condición.

Por desgracia, somos omisos a la lacerante realidad en la viven más de 20 millones de compatriotas en el país  y que por décadas y tal vez  por siglos  han estado sumidos en las peor de las pobrezas y que ahora no hemos asomado a su inquietante y cruda realidad. Hemos puesto la vista hacía la mayor de las desgracias en la que puede vivir un ser humano.

Por ello, el septiembre negro también puede convertirse en una gran oportunidad de revertir la condición de vida de esas comunidades asentadas por lo menos  en esos dos estados y ahora lejos de volver a darles migajas, se deben reconstruir las poblaciones con planeación urbana y servicios comunitarios en donde  la alimentación,  la atención médica, la educación, además claro de un techo para vivir con agua potable,  sean una parte intrínseca de esa reconstrucción.

Es la oportunidad de cambiar el modelo asistencial que por desgracia, en estos primeros pasos de la reconstrucción se están viendo, por uno en el cual los apoyos marchen en dos vías, uno apoyar la recuperación del patrimonio personal, otro diseñar poblaciones de vanguardia en las que, por lo menos se haya Centros Comunitarios permanentes con los servicios antes citados.

Los diversos programas de política social que tienen los tres niveles de gobierno se deben actualizarse, unificarse  y maximizarse para, como se hace en otros países, darle a esos apoyos un sentido más utilitario para la población necesitada.

Los censos que con bombo y platillo anuncia el gobierno federal que están terminados en las zonas de desastre también deben servir para identificar a la población que se ubica en el nivel de marginación extrema  y a ellos darle acceso a estos Centros Comunitarios permanentes para que, por lo menos dejen atrás su eterna mortificación por la supervivencia diaria y su  ancestral miseria.

 Que sean los sismos la oportunidad para revertir la pobreza y que con la reconstrucción y la derrama económica que ello significa, se de empleo a los miles de damnificados y también apoyarlos para incorporarlos  en el círculo virtuoso de la producción y del emprendedurismo o emprendimiento.