- Se busca aprobar por unanimidad un exhorto a los alcaldes que busca inhibir el proceso de competencia y libre concurrencia en la comercialización de hidrocarburos.
El Congreso de Baja California le pintó una rayita más al tigre al aprobar por unanimidad un exhorto a los alcaldes que busca inhibir el proceso de competencia y libre concurrencia en la comercialización de hidrocarburos, particularmente en el mercado de gas LP.
Mediante la “armonización” de los reglamentos municipales de zonificación de uso de suelo y la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California, los diputados locales buscan seguir protegiendo al monopolio del gas representado por las empresas propiedad de la familia Zaragoza, que durante más de 30 años han conservado el 80% del mercado del gas en Baja California, generando que esta entidad tenga los precios más altos en el mercado nacional.
A través de un exhorto presentado por la diputada Montserrat Caballero Ramírez, también responsable de la denominada “Ley Bonilla 2” durante la sesión extraordinaria del 12 de junio, el Congreso pretende derogar y modificar disposiciones reglamentarias que tienen como consecuencia la creación de una ventaja comercial a favor de las empresas de la familia Zaragoza, lo cual repercute en las familias bajacalifornianas, pues se trata de una operación dolosa en beneficio del mismo grupo económico que representan Baja Oil & Gas, Zeta Gas y Gas Silza.
Llama la atención que dos días después de que los diputados locales, la mayoría de extracción morenista aprobaran por unanimidad el mencionado exhorto, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, se pronunciaba en contra del monopolio gasero en la entidad, asegurando que había crecido y fortalecido al amparo de los gobiernos panistas, y que él estaba abierto a la competencia porque era la única manera de mejorar el servicio y las tarifas.
Entre las empresas que intentan entrar al mercado del gas en el Estado, están Rivera Gas, Gas Natural del Noroeste, Baja Energy y Blue Propane; sin embargo, las regulaciones locales y el terrorismo judicial que han enfrentado por más de cuatro años dichas empresas, han impedido que puedan establecerse en Baja California, lo que resulta en los altos precios que deben pagar los bajacalifornianos por el costo del gas, el más caro de todo el país.
Por otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a través del oficio PLENO OPN-012-2016, ha advertido que la sobrerregulación de las normas municipales protege a las empresas que por años han operado bajo el amparo de las autoridades locales y limita opciones de abasto. La Cofece ha sido muy puntual al respecto, “este tipo de disposiciones conllevan implicaciones anticompetitivas”.
Contrario a las disposiciones que fortalecen las prácticas monopólicas que busca impulsar la actual Legislatura, la Cofece ha hecho un llamado a las autoridades municipales para “eliminar disposiciones que prevean distancias mínimas entre estaciones de servicio, eliminar disposiciones que establezcan superficies mínimas y frentes principales que deben tener los predios para construir estaciones de servicio”.
De acuerdo con las recomendaciones de la Cofece, las disposiciones monopólicas que busca institucionalizar el Congreso local, “conllevan implicaciones anticompetitivas, evitando que sean las propias condiciones del mercado las que determinen el número de negocios que se deben establecer, así como su ubicación”.
De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, en Baja California el 80 por ciento del mercado del gas es controlado por las empresas Baja Gas & Oil (antes conocida comercialmente como Zeta Gas) y por Gas Silza, ambas propiedad de Evangelina Zaragoza López y Tomás Zaragoza Ito, quienes durante los últimos años han sido financiado las campañas de varios políticos.
Además, en esta lucha contra los monopolios las empresas interesadas en ingresar al mercado del gas en Baja California, se han enfrentado a campañas mediáticas de desprestigio por parte de supuestas asociaciones civiles, que por un lado se manifiestan en contra de sus instalaciones argumentando que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía, pero por otro lado guardan silencio cuando se trata de estaciones que instalan las empresas Baja Oil & Gas y Gas Silza.
Con información de: El Financiero
