En la última sesión en la Cámara de Diputados del jueves 12 del presente, se observó de hecho la primera fisura ideológica de Frente Amplio en el trámite legislativo sobre la aprobación de la reforma en materia de salud para explicitar en la ley de la materia, el derecho de los galenos a la “objeción de conciencia” como un derecho humano universal en el desempeño de sus responsabilidades profesionales.
El trámite de la iniciativa permitió al priismo, como partido en el gobierno, como la primera minoría y como un partido de centro izquierda, transitar en lo general la propuesta de modificación de manera cómoda, junto con su coalición legislativa, con excepción de Nueva Alianza que voto en contra y el consenso a favor de la bancada del PAN, orillando a las izquierdas a un nuevo estrepitoso fracaso, logrando una votación mayoritaria de 313 votos a favor, incluidos 98 de los diputados de Acción Nacional presentes, recordando lo que comentamos en la primera entrega de los trámites derivados del Pacto por México del inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Este debate evidenció la polarización ideológica que se ha plantado desde los observadores externos a la viabilidad política del Frente y su falta de posibilidad de constituirse en un frente amplio, es más, con las dificultades y divisiones que se manifiestan, no solo en el trabajo legislativo, también en la perdida de cohesión al interior de los partidos que lo impulsan, se puede anticipar que las diferencias ubicarán como un frente de coalición electoral, que tiene como único objetivo enfrentar electoralmente al priismo como la única fuerza electoral de carácter nacional y la presencia regional de López Obrador, el tal “AMLO”.
Es evidente que una sociedad de derechos, como aspiramos a consolidar, requiere que la sociedad tenga claros los principios que cada una de las opciones ideológicas expresadas por los partidos políticos en nuestro Congreso, se puedan diferenciar y este trámite legislativo nos permitió ver las visiones polares de nuestros políticos, en donde un derecho universal, como el de objeción de conciencia, sacó lo más autoritario de las izquierdas al oponerse con argumentos anticlericales e ideológicos y haciendo una defensa del Estado laico con una visión funcional y no social del país.
El Estado laico, en un Estado que respeta el derecho humano universal de creer en los que a bien le venga en gana a las personas, la laicidad es respeto y neutralidad del Estado frente a éste derecho y no un instrumento de confrontación y combate, como lo dejo entrever la Diputada Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano y la Diputada Cecilia Soto del PRD, y el derecho que tiene un médico o profesional de la salud, a aceptar los principios éticos, morales e ideológicas en el desempeño de sus funciones, sin atentar con procedimientos de emergencia, es un aspecto que nos permite mejorar las condiciones generales de atención del sector salud respetando y haciendo las adecuaciones pertinentes para garantizar que el ejercicio pleno de este derecho sea funcional para nuestro sistema de salud.
Otra de “Canalla”, perdón, de Anaya, que se vuelve a defender ante los medios de comunicación sin aclarar de manera contundente el origen de su patrimonio y su acelerado incremento, en donde, adelantando vísperas se pone a disposición de la Comisión Especial que va a investigar su caso en la Cámara de Diputados.
Recordarle a Anaya, que por lo menos tres exgobernadores están siendo procesados y requeridos por autoridad judicial, como son Eugenio Hernández, Roberto Borge, los Duartes de Chihuahua y Veracruz por los mismos inexplicables actos de compra-venta de terrenos, en donde se presumen delitos por lo menos conflicto de intereses, utilización de información privilegiada en el proceso y enriquecimiento inexplicable.
La ventaja de Anaya, es que la Comisión de investigación en la Cámara de Diputados tiene facultades, a diferencia de los medios de comunicación, para proveerse de aporte documental administrativo de las autoridades correspondientes que confirme o no el origen lícito de su patrimonio y de su círculo cercano, la desventaja para la sociedad interesada en la transparencia y rendición de cuentas, es que los resultados que esta arroje en primera instancia son políticos y de ser constitutivos de delito, Anaya podrá correr la misma surte de los exgobernadores que tanto le indignan y tendrá que comparecer ante las autoridades competentes.
