El tiempo inexorablemente avanza y avanza sin sorpresas y sin contratiempos, los plazos electorales, a pesar de aquellos que con intereses legítimos, pero también mezquinos, se rehúsan a reconocer, que en nuestro país funcionan bien las instituciones y bajo presión y embate político que buscan socavarlas, éstas funcionan relativamente bien, sorteando los diferentes baches, aunque algunas parecen más socavones.
Lo dicho por el tránsito legislativo de la primera parte del paquete económico para el 2018, en donde se aprobó en lo general la Ley de Ingresos con una votación suficientemente holgada como para mandar señales de estabilidad para el cierre del sexenio peñista, permitiendo y compartiendo la mayoría de la Cámara de Diputados las proyecciones del ejecutivo en materia macroeconómica y con ello, quitan presiones políticas al ejercicio presupuestal del próximo año, importante y trascendente para poder acometer con bases firmes los dos momentos de máxima tensión: la renegociación del TLCAN y el proceso electoral de 2018.
En el voto en lo particular de la Ley de Ingresos 2018, se siguieron evidenciado diferencias muy importantes como son el mal llamado “gasolinazo”, y que siguen explotando electoralmente y mediáticamente, de manera no tan intensa y vehemente lo que se pude ver de lo que queda del Frente y de manera exagerada por MORENA, tratando de mantener con vida un discusión que por la reforma en materia energética y de control de precios ya superamos, y que políticamente se le achaca a la reforma estructural en materia energética.
Lo que es importante comentar, que la estrategia que utilizaron los opositores al aumento de los precios de los energéticos se orientó al IEPS, es decir al régimen de Impuestos Sobre Producción y Servicios, señalando que se podría disminuir el precio final al disminuir el IEPS sobre combustibles fósiles, contrariando el espíritu y principios de este régimen de estos impuestos.
El control de precios de los combustibles es pasado, hoy los precios de las gasolinas y gas se determinan diariamente.
El IEPS no es una herramienta recaudatoria, tiene como principios encarecer servicios y productos que tienen efectos indeseables para la sociedad, es decir, que generan impactos negativos hacia el consumidor y en general, externalidades indeseables haca la población, por ello, se imponen IEPS a: bebidas alcohólicas, alimentos adicionados con endulzantes y sal, bebidas energizantes, tabaco, Juegos de apuestas y sorteos y en materia de Telecomunicaciones.
Destacar que la Diputada por MORENA, Araceli Damián, concuerda con el espíritu del IEPS en alimentos endulzados, que no azucarados solamente, y en lo deseable del incremento de este impuesto, por los efectos negativos que el consumo de refrescos genera hacia la población adulta, pero principalmente hacia nuestros niños.
Coincidir con la diputada, sin duda, pero reconocer que el consumo indiscriminado de fuentes fósiles de energía, también tiene efectos indeseables innegables hacia nuestra población.
En materia electoral también se camina, si bien se observan problemas en las instancias operativas, INE y TRIFE, estas se están resolviendo bajos el marco de “pesos y contrapesos” que existen para poder, de manera institucional, dirimir los diferendos que van surgiendo, como el caso de Coahuila en donde se reconoce los que siempre argumentó el candidato y el presidente del PRI, que bajo las reglas establecidas para la elección, no hubo rebase del tope de campaña y se elimina las causales de nulidad, por lo que el proceso tiene todo para avanzar hacia su resolución final.
No sorprende la reacción de los consejeros del INE, que ante una resolución suficientemente argumentada y fundada reaccionan en el sentido más negativo, incluyendo al Consejero Presidente Lorenzo “ Toro Sentado” Córdoba, que a regañadientes acepta que las resoluciones del tribunal se acatan y en una democracia se discuten, mostrando su intolerancia e intransigencia y falta de autocrítica.
Las resoluciones de otro poder, en el ámbito judicial que revisa dentro del Estado Mexicanos a los órganos autónomos y resuelve conforme a derecho sobre un tema en particular, en este caso en materia electoral y en específico del financiamiento y sus montos por el TRIFE, no solo debe de acatarse y estar sujeto a discusión, es una oportunidad para que las autoridades electorales y la sociedad civil revisen el desempeño específico y la aplicabilidad del nuestra ley en materia electoral y que con el análisis de los resolutivos del tribunal, en forma crítica, se puedan hacer el reconocimiento de los errores y enmendar las lagunas, y con ello sentar las bases de una mejora continua de nuestros procedimientos electorales, para poder en la mayor brevedad regresar a la ciudadanización plena de los procesos electorales en nuestro país.
