Los Diputados aprobaron, en sesión del martes 5 diciembre del actual, con 360 votos a favor y cero en contra, el dictamen que modifica el artículo Decimosexto Transitorio de la reforma política-electoral publicado en el Diario de la Federación el 10 de Febrero 2014. La iniciativa se turnó al Senado para sus efectos constitucionales, al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Guadalupe Acosta Naranjo, explicó que éste busca evitar el pase automático del procurador a fiscal general.
Lo que más nos sorprende, es que la motivación y fundamentación del dictamen, sometido al pleno de la Cámara de Diputados, no tiene vigencia ni aplicación real. Es increíble que la Comisión de Puntos Constitucionales no se diera cuenta que a la fecha no existe procurador general y solamente tenemos un encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, que “de al tiro” no se ha apuntado para aspirar por el cargo, y si así lo hiciera, la modificación que a la letra dice “que el procurador en funciones no podrá ser el fiscal general” no le aplica en una interpretación literal del XVI transitorio.
Esperamos que en el Senado declaren improcedente la minuta por extinción de la motivación que la generó, pero, curiosamente los que quisieron evitar que el fiscal carnal en la personificación de Raúl Cervantes, aun senador de la república con licencia, hasta donde sabemos, no participará de manera directa, hoy no tendría ningún impedimento para aspirar al cargo y no existiría ningún argumento legal que impida su participación a menos que modificaran la minuta para decir que “no sea y no haya sido recientemente” Procurador General, lo que personaliza la disposición y la hace a todas luces inconstitucional.
Es evidente que la disputa por el trámite eran acciones dilatorias para presionar políticamente al gobierno y jalar reflectores para su molino, que resultó en un tortuguismo legislativo que impactó de manera negativa a las instituciones que con mucho trabajo se quieren modernizar para lograr mayor equilibrio al poder presidencial y blindar la procuración de justicia a través de la nueva fiscalía con mejores y mayores controles hacia el ejecutivo con su autonomía.
Lo que era un proceso legislativo ordinario, se politizó al grado de que los dirigentes políticos de los partidos lograron pasmar al legislativo, con la complicidad de las sociedad civil organizada en aspectos políticos, como el IMCO, Transparencia ciudadana, contigo lo hacemos posible, y las que se apunten para el tema, recordar que esta facultad sigue siendo una decisión exclusiva, mandatada por la Constitución para el Senado de la República, hoy esta designación, para bien o para mal, es un rehén político para el 2018, junto con la designación del Fiscal anticorrupción.
La esperanza de los dirigentes, partidos políticos y sus perspectivas hacia los resultados de la elección del primer domingo de julio de 2018, es que, la relación de los nuevos equilibrios políticos modifique el escenario de tal manera que la decisión sobre estos dos titulares, que para muchos es de singular importancia para la transición hacia la impartición de justica clara, expedita, independiente, jurídicamente correcta y el combate a la corrupción, cumpla con las expectativas de gobierno que inicie el primero de diciembre de 2018.
Así la decisión del ejecutivo y del legislativo de posponer la designación de ambos titulares para después de la elección o dejarlo para un periodo extraordinario, por ahí de julio o para la LXIV legislatura, posterior a su instalación, por mediados de septiembre del 2018.
Decisión que genera mucha incertidumbre y que puede ser una moneda de cambio importante para la recomposición de las instituciones de cara a las coaliciones que se están conformando y que están a punto de cuajar: PRI-Verde, Nueva Alianza-disidencia explicita del PAN; Morena-PT, con todo y su caída del sistema en 2018 como lo predijo el Senador Manuel Bartlett; el Frente “Frío” Ciudadano PRD, PAN y MC, que teniendo en Mancera un candidato ciudadano, que Acción Nacional y MC no quieren ver y uno que seguramente va a estar en la boleta por la vía independiente, alias el “Bronco” Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón y que por los tiempos y los avances en la recolección de firmas, podemos anticipar que, para la presidencia solamente le va alcanzar a él y más que estamos de cara al puente decembrino Guadalupe- Reyes, que les pone de vacaciones y en movimiento a los potenciales simpatizantes de la vía independiente a Margarita, Pedro, Mari Chuy y Armando .
Pues bien, el modelo de la fiscalía general y del “zar” anticorrupción tendrán que esperar nuevos tiempos para cuajar y dependerá de ¿cuáles van a ser los nuevos equilibrios políticos que surjan de la elección del 2018? y que, por los resultados recientes y las mediciones existentes, todavía pueden generar muchos cambios de lo que hoy podemos atisbar en el horizonte electoral de nuestro país.
No nos sorprendería que Miguel Mancera pueda ser candidato para fiscal anticorrupción y Raúl Cervantes para Fiscal General, claro en espera de los resultados.
