El pasado 15 de diciembre se clausuraron los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y en la charola de los pendientes quedó el nombramiento del nuevo auditor Superior de la Federación (ASF), esto a pesar de que ya se contaba con una terna, integrada por los fiscalistas Salim Arturo Orcí Magaña; David Rogelio Colmenares Páramo y Ángel José Trinidad Saldívar.

En la Cámara de Diputados el nombramiento del titular de la ASF sigue sin definirse, pero también la aprobación de 33 leyes de las cuales feneció el tiempo para ser aprobadas, lo que podría provocar nuevos llamados de atención a los diputados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Esta falta y otras más que se refieren a los debates llenos de improperios y adjetivos descalificativos, son parte del análisis que sobre la actividad legislativa ha realizado el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, donde encuentra que “El Congreso de la Unión es una de las instituciones políticas con menor credibilidad en México y sobre la que pesa una mayor desconfianza ciudadana”.

Entre las conclusiones del referido estudio se señala que, en “La percepción de las y los mexicanos en el Congreso de la Unión hay una crisis democrática en México, en la que los ciudadanos están cada vez más distanciados de las decisiones e intereses de los legisladores”;  que la mayoría de los electores mexicanos desconocen las atribuciones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y muy pocos se consideran bien representados por los legisladores. Es parte de análisis al que llega el investigador social, el maestro Fernando de la O, del Instituto Belisario Domínguez.

El estudio de referencia precisa que “para aumentar la confianza en el Congreso se requiere mejorar la calidad de la relación entre la ciudadanía y sus representantes, para lo cual es de suma importancia fortalecer la rendición de cuentas como una práctica cotidiana, necesaria y fundamental mediante la cual los integrantes del Congreso provean información de calidad que le permita al resto de la población conocer los argumentos que orientan el sentido de su voto y de sus decisiones”.

Fernando de la O precisa que, en la actualidad, “uno de los grandes retos a los que se enfrentan las legislaturas en el Congreso es encontrar las mejores vías para hacer que la labor legislativa llegue a la conciencia pública a través de información responsable, seria, verídica y personalizada según el público de que se trate. Una opinión pública sustentada en la información y el conocimiento, permitirá obtener evaluaciones objetivas y reales en torno al Congreso y con ello, proveer a los senadores y diputados información que les permita mejorar su desempeño dentro del mismo.”

En fin, regresando al tema de la ASF, en caso de que para el 31 de diciembre próximo los diputados no nombren a un titular, a partir del primero de enero la titularidad de la Auditoría recaerá en el actual auditor especial de cumplimiento financiero, Juan Javier Pérez Saavedra, hasta que se realice el nombramiento

En ese contexto, Los diputados también dejaron para otros tiempos la revisión y discusión de la llamada Ley Fintech, aprobada ya por el Senado; la dictaminación de las tres iniciativas, turnadas por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 12 de diciembre, en materia de justicia cotidiana; la no resolución de los juicios de procedencia ya iniciados contra los diputados federales priistas Alberto Silva; Antonio Tarek Abdalá y Bárbara Botello, acusados por separado de actos de peculado y desvío de recursos públicos, entre otros. Entre las leyes importantes aprobadas en San Lázaro está la reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Biodiversidad.

Así el panorama legislativo, la percepción ciudadana es de desconfianza y poca credibilidad en su trabajo, aunado a lo anterior está el hecho de que la mayoría de los electores mexicanos desconocen las atribuciones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y muy pocos se consideran bien representados por los legisladores de acuerdo con la misma fuente legislativa, al menos eso es lo que dice el estudio del Instituto Belisario Domínguez. Por lo que si a los legisladores  no les apremia el nombramiento en la ASF, pues cuanto menos a la población en general.