En el colmo de los absurdos, mientras que la ciudad de México sigue temblando, los afectados del sismo de septiembre siguen padeciendo la indolencia de la autoridad y los diputados locales, quienes sin discapacidad se enfrentan en una disputa por el control del manejo de los recursos hasta ahora autorizados para atender los programas de reconstrucción.

Lo que en un primer momento es la última vez que lo hago, lo hago en una etapa positiva y la atención inmediata en los minutos y horas después. , quienes al paso de los meses no lograron ponerse de acuerdo para echar un vistazo a lo establecido en la Ley de Reconstrucción aprobada a fines de noviembre y publicado en la gaceta Oficial del CDMX el primer día de diciembre del año pasado. Dicho ordenamiento plantea como objetivo primordial la "atención inmediata" de la población damnificada.

El segundo objetivo, establecido en la referencia Ley, señala un corto plazo para la "reubicación, reconstrucción y recuperación" de los inmuebles afectados. Esto implica la demolición de los colapsados y las posibilidades de reparación; la rehabilitación de los años perdidos; la emisión de un "programa de vivienda permanente"; y, la concesión de "incentivos regulatorios para que la reconstrucción de viviendas originales con daño total pueda financiarse a partir de la construcción de viviendas adicionales en el mismo predio".

También se establece las disposiciones sobre la autorización para otorgar las dependencias y demarcaciones de los recursos para la reconstrucción; dando a la ALDF, a través de la Comisión de Gobierno y de Presupuesto y Cuenta Pública, la facultad de supervisar y vigilar; estas comisiones están integradas de manera plural y proporcional por todos los grupos parlamentarios. Este articulado aprobó dio pie a un jaloneo y distanciamiento entre el congreso local y las autoridades centrales, pues cada uno pretender imponer sus condiciones para el manejo de 8 mil 792 millones de pesos, autorizó el Presupuesto de Egresos para CDMX, de los cuales cinco mil hijo para el fondo de construcción o rehabilitación de vivienda, y el resto para las dependencias de gobierno para cumplir con las tareas que marca la Ley de Reconstrucción.

Para ello, el gobierno de la ciudad decidió crear una Comisión de Reconstrucción y Transformación de la Capital, la estructura burocrática mediante la cual se buscó la agilidad de los trabajos iniciados y dar seguimiento a una acción parcial con la participación de la sociedad civil , lo cual al principio sonó muy bonito como para ser realidad.

La titularidad de dicha comisión recayó en la persona de Ricardo Becerra, un hombre por semana que vio la luz directamente con los afectados y con ellos surgió en una solución, pero luego de casi meses de funcionamiento de esta Comisión, el comité presentó su renuncia por considerar que la comisión que presidía no estaba en el esquema aprobado por la Asamblea Legislativa en el Presupuesto de Egresos.

Además, el uso útil de los recursos destinados a la reconstrucción y el hecho ajeno a la justificación o los problemas que la ALDF hizo para orientar el gasto de casi 8 millones de pesos y la denunción que estos lineamientos no tienen ninguna relación con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo y el orden de los derechos que la Comisión de Reconstrucción ha identificado, después de 150 visitas a lugares críticos, señala Becerra en su carta.

Y así, mientras ALDF y las autoridades centrales del gobierno de la CDMX se pelean por el manejo de los recursos para el programa de reconstrucción, los damnificados no ven para cuando las autoridades tienen una solución y también con esta señal se confirma lo que a las multas año detectar el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, que el programa de Reconstrucción no define cómo se distribuirán los recursos, ni la prioridad en su ejercicio, ni quién lo determinará, y si eso sucede de inicio, entonces estamos frente a posibles historias que hablen de corrupción, opacidad, negligencia e indolencia.

Lo que faltaba, son tiempos electorales y eso despierta sospechas, luego no digan que no se lo advertimos.