La aparición pública de un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación fuertemente armado, en actitud retadora y con gritos de apoyo a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder de la agrupación delictiva, prendió focos de alarma y atención en algunos sectores, pero en otros no.
Lamentablemente, el gobierno federal parece no querer mover ni un milímetro su estrategia de no hacer frente a los grupos armados y dejarlos actuar a sus anchas. Es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador definió como la política de “abrazos, no balazos”.
En un momento tan complicado como el actual, en el que la pandemia del COVID-19 ha cobrado la vida de casi 39 mil mexicanos -lo que ubica al país como el cuarto lugar por el número de fallecimientos a causa del coronavirus-, y ha provocado la pérdida de más de 1 millón 300 mil empleos formales, la violencia y la inseguridad crecientes no pueden dejarse a un lado y desatenderse.
En realidad, estos dos últimos temas parecen haber estado desatendidos durante toda esta Administración. De acuerdo con los números, en los primeros 18 meses del gobierno de López Obrador fueron asesinadas 53 mil 628 personas en México, un promedio de casi 100 personas asesinadas todos los días en ese periodo. Entre ellas, más de 5 mil 800 mujeres y mil 800 niños y adolescentes resultaron muertos.
Pese a los discursos triunfalistas oficiales, que buscan echarle la culpa al pasado y hablan de que los peores momentos para el país fueron anteriores a este sexenio, este ha sido el primer año y medio de gobierno más violento en lo que va del siglo. La tasa de asesinatos duplica, por ejemplo, a la registrada en el mismo periodo de Felipe Calderón, y es 55% más alta que la que se registró en el primer año y medio de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las cifras oficiales y comparaciones más recientes también muestran el avance de la violencia en México: los homicidios de hombres, mujeres y niños son más que en el año y medio previo a la llegada de López Obrador al poder. En este mismo sexenio, entre 2019 y 2020, la violencia homicida sigue aumentando, aún cuando desde hace tiempo se ubica en niveles récord.
La política de “abrazos, no balazos” y el discurso del presidente que señala que “la guerra ha terminado” no están dando resultados positivos. De cada 10 asesinatos en el país, 7 se han cometido con arma de fuego, y al menos 60% de los crímenes están vinculados con las actividades de la delincuencia organizada, y sobre todo con sus disputas territoriales.
La estadística oficial continúa mostrando datos que indican que la violencia en el país va en curva ascendente. En los primeros 18 meses de este sexenio se han iniciado 44 mil 082 carpetas de investigación por homicidio doloso, una tasa de 35 casos por cada 100 mil habitantes. Esto equivale a un incremento de 55% respecto a la tasa de 22.4 casos registrada en el primer año y medio del gobierno de Peña Nieto, un alza de 137.6% sobre la tasa de 14.7 homicidios con Felipe Calderón, y un incremento de 72.5% sobre la tasa de 20.3 homicidios en el arranque del gobierno de Vicente Fox.
Un dato oficial más: entre enero y mayo de 2019 se registraron 14 mil 576 asesinatos, y en el mismo lapso de este año ocurrieron 15 mil 016 casos. Es decir, en este mismo gobierno la tasa pasó de 11.57 a 11.81 víctimas de asesinato por cada cien mil personas.
Además, entre marzo y junio de este año se registraron al menos cinco masacres violentas en el país con 106 personas fallecidas.
El aumento de la violencia en el país ha ocasionado que caiga la confianza ciudadana: en diciembre de 2018, al inicio del gobierno de López Obrador, 48.8% de la población encuestada creía que las condiciones de seguridad empeorarían o seguirían igual de mal; para marzo de 2020, ese porcentaje aumentó a 66.5%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI.
Al inicio de esta Administración, el gobierno también presentó a la Guardia Nacional como una fuerza que permitiría la disminución de la violencia en el país. Hoy, la Guardia carece de objetivos claros y métricas específicas para evaluar su desempeño. Desde principios de 2019, un contingente importante fue desplegado en la frontera sur para detener el avance de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. En el contexto de la contingencia sanitaria, los elementos de la Guardia Nacional también se han dedicado a supervisar filtros sanitarios, resguardar instalaciones de salud y trasladar medicamentos. Sin embargo, poco se sabe de los operativos en que participa para combatir a la delincuencia organizada.
Las reuniones que diariamente se realizan a las 6 de la mañana poco están sirviendo para reducir los niveles de violencia en el país. De seguir así, en la inacción gubernamental para disminuir la violencia, hacia adelante se puede prever que algunas organizaciones criminales salgan fortalecidas de la contingencia sanitaria, con una base de apoyo social más fuerte y una presencia territorial mejor arraigada, lo cual las hará más difícil de enfrentarlas.
Además, es previsible que en algunas regiones aumenten los enfrentamientos violentos entre grupos criminales por el control de las actividades delictivas, y que las tasas de incidencia de delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y robo sigan aumentando conforme se reactiva la economía y se relajan las medidas de confinamiento social.
Lamentablemente, en materia de combate a la inseguridad y a la violencia en el país, el gobierno de López Obrador es el peor en lo que va del siglo. Su obcecación le nubla la razón para tomar decisiones asertivas en temas fundamentales para el país. La violencia no quedó exenta de las malas decisiones, y el país va para peor. Aquí no puede haber otros datos, pues las estadísticas presentadas son las oficiales del gobierno.
