El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó finalmente su propuesta de reforma al sistema de pensiones. Algunas versiones dentro del propio gobierno la señalan como una gran reforma, o como la reforma que marcará el lopezobradorismo.

También se escuchan voces dentro del propio gobierno que indican que los “adversarios” del presidente se equivocaron al pensar que la Administración lopezobradorista se apropiaría de los recursos de los trabajadores. En realidad, este último tema nunca debió haber estado en el ambiente político, y si lo estuvo es porque el presidente López Obrador ha dado muestras de tener un enorme apetito por los recursos públicos, para utilizarlos a placer en los programas sociales y en las tres obras emblemáticas de su gobierno: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

La reforma era necesaria, pero se planteó en el peor momento. El peor momento para el país, pero el mejor momento para el presidente y el gobierno.

A López Obrador le urgía destapar un tema que distraiga la atención a los más de 40 mil muertos por el COVID-19 en el país. Le urgía distraer la atención del tema del aumento de feminicidios en México. Le urgía distraer la atención de la renuncia de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, disfrazada con un supuesto diferendo por el tema de la administración de los puertos del país. También le urgía distraer la atención para que el país deje de hablar de Emilio Lozoya.

Y como le urgía distraer la atención, el presidente decidió también traer el avión presidencial de vuelta a México y ofrecer una conferencia de prensa con la aeronave como escenario. Por supuesto, también será necesario hacer un recorrido por el interior del avión, mostrar al país los lujos y excesos en los que viajaba el presidente Enrique Peña Nieto.

Pero la reforma al sistema de pensiones tiene puntos delicados que habrá que seguir de cerca. Uno de ellos es la reducción del número de semanas para obtener una pensión mínima. Hasta ahora, un trabajador debe cotizar al IMSS 1 mil 250 semanas, poco más de 24 años, mientras que la reforma propone que el número de semanas cotizadas pase a sólo 750, cerca de 14 años.

Ese fue uno de los puntos que se analizaron en la reforma al sistema de pensiones de 1997, en la que se llegó a la conclusión de la necesidad de aumentar el número de semanas de cotización y ajustarlas a la edad del trabajador. De otra forma, ocurrirá que un trabajador pueda jubilarse a corta edad, laboralmente hablando, y pase más años de su vida jubilado que en servicio activo.

Otro punto para analizar en la propuesta del gobierno es el aumento en la aportación de los patrones a la bolsa de retiro de los trabajadores. La propuesta señala que la aportación patronal deberá pasar de 5.15% a 13.87% sobre los salarios. A pesar de que la iniciativa gubernamental cuenta con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial, en la realidad habrá que dar seguimiento a lo que podrá ocurrir. Una de las posibilidades es que los patrones reporten salarios inferiores de sus trabajadores para disminuir las aportaciones. Otra posibilidad es que las empresas recurran con mayor frecuencia a servicios de outsourcing y la generación de empleos formales disminuya.

Con esta propuesta, el trabajo formal se encarece y se invita a la informalidad. La reforma parece no tomar en cuenta que el 95.4% de las empresas mexicanas son micros, con diez trabajadores o menos; 3.6% son pequeñas y 0.8% son medianas. Todas las empresas que se encuentran en estos sectores seguramente tendrán problemas para cumplir con las nuevas disposiciones de la ley, en caso de aprobarse como fue propuesta.

Sólo 0.2% de las empresas son de gran tamaño, y podrían asumir los costos que les implicará la reforma.

Será el tiempo el que nos permitirá observar si la reforma resulta positiva, o si obliga a las empresas a buscar recovecos para incumplir. Uno de los efectos que podría ocasionar la reforma es que disminuya la contratación de trabajadores formales, incrementando así la informalidad en el país.

De ser así, el gobierno se estaría dando un tiro en el pie, pues por lógica uno de los efectos del crecimiento de la informalidad es la disminución en la recaudación, lo que haría disminuir los recursos públicos.

En realidad, la iniciativa presentada por el gobierno no es la gran reforma. Si no resulta, este gobierno sí podría ser recordado por esta propuesta, pero en sentido negativo. También sería recordado por la cancelación del NAIM, por los más de 40 mil muertos por el COVID-19, por la falta de medicamentos para los niños con cáncer, por la cancelación de las estancias infantiles…