Uno de los principales mantras del presidente Andrés Manuel López Obrador es el que reza: “no somos iguales”, cuando se refiere a las comparaciones que se llegasen a hacer entre su gobierno y los anteriores.

Insiste frecuentemente en que la honestidad le otorga una superioridad moral que blinda sus actos y decisiones de gobierno. De esa forma, por ejemplo, no importa que en su gobierno casi 80% de los contratos se hayan adjudicado de manera directa, pues al no ser iguales que sus antecesores no hay por qué poner en duda los posibles actos de corrupción.

El pueblo de México sería injusto si dudara del presidente y sus colaboradores. El arca abierta no causa tentación alguna en esas almas, que manejan presupuesto, intereses y cargos con tal limpieza y honradez que el sólo imaginar un acto corrupto suena a blasfemia.

Atrás quedaron los episodios en los que se vieron envueltos Bejarano y Padierna, Bartlett, Ana Gabriela Guevara y otros que han sido injustamente señalados por actos de corrupción. Atrás también han quedado Pío y David León, que solamente hacían obras de caridad recaudando aportaciones ciudadanas para mantener al “Movimiento”.

Cómo dudar de las buenas intenciones del presidente y de sus colaboradores, si en la Secretaría de la Función Pública tenemos a la “implacable” Irma Eréndira Sandoval, que ejecuta rigurosas y exhaustivas investigaciones ante cualquier asomo o pequeña duda de corrupción al interior del gobierno. De esa forma se ha logrado ratificar la intachable conducta de Manuel Bartlett desde su afiliación a Morena, pues sus “pecadillos” fueron antes de eso y no cuentan.

Por ello no se puede hoy dudar que, retomando el mantra de “no somos iguales”, sea pura casualidad que 10 de 15 superdelegados del gobierno federal se hayan apuntado ya para competir en las elecciones del próximo año con la intención de gobernar sus respectivos estados.

Quién podría afirmar, sin caer en casi una difamación, que los superdelegados han estado trabajando políticamente para ser candidatos y que sus puestos fueron diseñados precisamente para ello. El propio presidente López Obrador señaló al inicio de su gobierno que no habría uso electoral de esos cargos.

Irma Eréndira Sandoval reconoció en una comparecencia en la Cámara de Diputados que la Secretaría de la Función Pública había recibido 97 denuncias en contra de los superdelegados, y ninguna de ellas tiene sanción. 86 de ellas están en trámite y 11 fueron concluidas y archivadas por falta de elementos. Curiosamente, uno de los superdelegados, el de Guerrero, es Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la secretaria de la Función Pública, quien ha manifestado abiertamente su intención de contender rumbo a la gubernatura de su estado.

En palabras de la titular de la SFP, los superdelegados “al tratarse de figuras que cumplen funciones de representación política más que administrativa, se abusa de su estatus político para no informar de forma regular ni proactiva a la sociedad a la que sirven”.

La creación de la figura de coordinadores estatales o superdelegados fue aprobada en noviembre de 2018 por la Cámara de Diputados, con la intención de eliminar “instancias intermedias para que la gente reciba directamente sus recursos”, explicó Olga Sánchez Cordero, en ese momento senadora y hoy secretaria de Gobernación.

En lo que va de la administración del presidente López Obrador hay al menos 20 expedientes con denuncias contra superdelegados que han sido señalados por pedir dinero para ir a un evento, uso de recursos públicos para rubros distintos a los establecidos en la norma, faltas administrativas en manejos de programas sociales, irregularidades en el manejo de programas sociales y malos manejos en entregas de tarjetas, entre otros.

Cuando se discutía en la Cámara de Diputados la creación de la figura de los superdelegados, una de las críticas y cuestionamientos más fuertes que expuso la oposición fue el uso político-electoral que podrían tener esos cargos. Al menos cuatro denuncias ha recibido la SFP por intervención de los superdelegados en procesos electorales.

En Guerrero se han registrado cuatro denuncias en contra del superdelegado Amílcar Sandoval Ballesteros: por promoción personal, por presuntamente ostentarse como profesionista, por contratación de servidores públicos y por participación en actos políticos. Tres están “en trámite” y sólo la que se refiere a su profesión fu concluida y archivada por falta de elementos. Amílcar Sandoval también enfrenta una denuncia ante la SFP por Rubén Cayetano García, diputado federal de Morena, por uso de las ayudas sociales para promocionarse.

Además de Sandoval Ballesteros, otros 9 superdelegados buscan ser gobernadores: Jesús Alejandro Ruiz Uribe, en Baja California; Víctor Manuel Castro Cosío, Baja California Sur; Katia Meave Ferniza, Campeche; Roberto Pantoja Arzola, Michoacán; Gabino Morales Mendoza, San Luis Potosí, uno de los 10 superdelegados investigados por la SFP por presunto mal uso de los recursos de programas sociales, y quien tiene además dos denuncias penales por amenazas y abuso y acoso sexual; Manuel Peraza Segovia, Nayarit; Indira Vizcaíno Silva, Colima; Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala; y Juan Carlos Loera, Chihuahua.

A nadie extraña la postulación de estos 14 personajes. Desde un principio la figura del superdelegado fue señalada por la oposición como un criadero de candidatos con manejo de presupuesto. Decían que no eran iguales. Efectivamente, resultaron peores.