Cuando escribía la anterior colaboración aseguraba que el enojo del presidente Andrés Manuel podría escalar y llevar por la vía institucional sus diferencias con el control constitucional que ejercen tanto el Sistema Judicial como el Congreso de Unión en la revisión del marco jurídico y las reformas o adiciones que existen en nuestro país como parte el sistema bicameral que tenemos en nuestro país.

Y en este sentido sabíamos que podía escalar el conflicto por parte del presidente porque no entiende lo que es el sistema de poderes de nuestro país, pero pensaba que iba a asumir una posición respetuosa de estas instancias que permiten el perfeccionamiento de los tres poderes del estado mexicano en sus ámbitos constitucionales de responsabilidad.

Pero al ver la hiperreacción del titular del ejecutivo me sentí como que esto ya lo había vivido o visto y me tuve que remontar a San Pedro de los Saguaros, un supuesto municipio, aunque en Zacatecas existe, para entender que esto ya había pasado, no en la realidad, pero si en la ficción en la película de la Ley de Herodes, en donde actúa Damián Alcázar, actor, político y ahora servidor de la actual administración en temas como el bodrio del etiquetado frontal, en donde estas medidas solamente contribuyen a la confusión de los consumidores.

En dicha cinta el actor funge como funcionario interino de una presidencia municipal, la de San Pedro de los Saguaros y que al inicio del film se le asigna dicha posición como un castigo o enseñanza para que demuestre su valía, pero qué sorpresa nos da la vida,

Lejos de amedrentar al susodicho, lo empodera y le permite mangonear a su gusto la administración municipal, hasta que choca con los límites consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este caso el artículo 115 de dicha norma fundamental de nuestro país, y la reacción de nuestro personaje, lejos de acatar el principio jurídico  del actuar de la autoridad y de la sociedad, en donde la sociedad puede hacer lo que la ley no le prohíbe y la autoridad solamente puede hacer lo que la Ley le faculta, se lanzó en los hechos a eliminar los contrapesos municipales, pero también modificó hasta nuestra Constitución, bien por él.

Es por esta razón que digo que es un deja vu que sucede cuando nuestra memoria recuerda algo del pasado, el cerebro activa un circuito del lóbulo temporal. ... Es decir, los Déjà vu aparecen por un "fallo" en el circuito cerebral que hace que tengamos la sensación de experimentar un recuerdo cuando, en realidad, no lo hemos vivido, solamente lo vimos en la película de la Ley de Herodes de Varguitas y López, no el presidente por supuesto.

Hoy el Presidente AMLO amenaza con enviar al congreso una iniciativa para modificar la Constitución, que a diferencia de la película, el presidente de México tiene facultades de iniciativa y en caso particular tiene la facultad constitucional de la iniciativa preferente que ya utilizó para su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que es causa del conflicto por la suspensión definitiva que emitió un juzgador en materia administrativa como resolución de varios juicios de amparo sobre el tema.

Esto nos debe de llevar a la reflexión de cómo funcionan los tres poderes dentro de nuestra Constitución, y en el entramado normativo existen muchas interconexiones dentro de nuestro sistema de control constitucional entre los poderes, en donde el Ejecutivo, como lo comentamos anteriormente tiene derecho de iniciativa y de iniciativa preferente, tiene facultades para proponer a los jueces con la ratificación de otro de los poderes en este caso el Senado de la República.

En materia de algunas funciones exclusivas hay injerencia del legislativo en nombramientos del gabinete y en del servicio exterior mexicano, así como del presupuesto, en la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo, y que el presidente tiene facultad de veto del mismo.

Todo ello se tiene referido en el título tercero de la Constitución en los capítulos del I al IV de esta norma y en ellos se mantienen varias injerencias entre los mismos, que desde el punto de vista de lo deseable y teniendo un supuesto gobierno progresista teníamos esperanza de que este equilibrio de poderes se fortaleciera y lejos de ello se debilita y se acosa y hostiga desde el Ejecutivo a los otros poderes.

El control constitucional descansa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene que ver con la consistencia y jerarquía del sistema jurídico y determina la consistencia del trabajo legislativo con el entramado jurídico emanado de la constitución, fuera de ello nuestro sistema de equilibro entre poderes se ha hecho muy complejo.

Para la elección de magistrados y jueces se tiene al Consejo de la Judicatura y por lo mismo la facultad del Ejecutivo de proponer ternas y del Senado para su ratificación debería de desaparecer y que estos cargos sean derivados de la meritocracia y del servicio civil de carrera para su promoción y permanencia, esto resuelve el conflicto de intereses que se tiene actualmente de magistrados y jueces que le deben la chamba al Ejecutivo y al Senado de la República

Las facultades del poder Ejecutivo en materia legislativa deberían de desaparecer ya que se pueden realizar a través del partido que representa los intereses del Ejecutivo en el congreso, y permitir que el Congreso en los hechos tenga la representación proporcional de los votos de la elección correspondiente y junto con la ciudadanía y los congresos locales la facultad de iniciativa de leyes.

En materia de presupuesto, el 92 por ciento del mismo es un gasto inercial y tiene que ver con gastos corrientes, sueldos y salarios del orden federal, principalmente la nómina de maestros, médicos, integrantes de las fuerzas armadas incluyendo la Guardia Nacional y las burocracias federales, becas, pensiones para los adultos mayores, incluyendo a los Siervos de la Actual Administración, a Varguitas y a Epigmenio a través de un fideicomiso,   y por lo mismo el ejecutivo propone los gastos y la ley de ingresos para el ejercicio presupuestal y la Cámara de Diputados a través de la Auditoria Superior de la Federación el control de mismo y su fiscalización y la facultad de iniciar denuncias y querellas en contra de quien resulte responsable, solamente la ASF, para no ser juez y parte el ejecutivo federal.

Este sería un México más eficiente y democrático, que permita terminar con el gobierno de un solo hombre, pero para ello nos falta un carro.