Aguililla, Michoacán, es hoy el principal foco rojo de la violencia en el país. Es, sin lugar a duda, la población en donde debería estar puesta toda la atención de la autoridad si se desea evitar tragedias o episodios de violencia qué lamentar.

En las últimas semanas se ha agudizado un viejo problema que provoca violencia incontrolable en la población: los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada -principalmente el Cartel Jalisco Nueva Generación-, y los residuos de grupos de autodefensa apoyados por remedos de redes mafiosas de la región.

El territorio de Aguililla, en la zona de Tierra Caliente de Michoacán, es especialmente apreciado por el CJNG, pues es un puente entre la sierra y la costa. A sólo unos minutos está la sierra, una guarida perfecta para las mafias, y al otro lado de la sierra se ubica la costa y el puerto de Lázaro Cárdenas, el segundo más importante del país. Entre el pueblo y el litoral no hay carreteras, sólo brechas.

El CJNG, encabezado por Nemesio Oseguera, el Mencho, es uno de los grupos de la delincuencia organizada que más ha crecido en esta administración. Los grupos de autodefensa, surgidos en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, vivieron un auge importante hasta 2015, y actúan cansados de la extorsión de mafias y molestos con la dejadez del gobierno. Están formadas por vecinos de varios pueblos como Apatzingán, Tepalcatepec o Buenavista Tomatlán, que tomaron las armas y se constituyeron en grupos parapoliciales. En algunos otros estados, grupos similares se denominan policías comunitarias.

Ante ese escenario, la autoridad federal se ha mostrado tibia y la estatal impotente.

Las fuerzas del orden en Michoacán están imposibilitadas de entrar para resolver el conflicto, por la escasa capacidad táctica y de reacción en comparación con la fuerza armada que ha exhibido en distintas ocasiones el CJNG. En tanto, la Guardia Nacional y el Ejército mantienen una tibia presencia en la zona, haciendo como que están, pero no están.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha fijado su posición y ha dejado claro que no hará presencia en Aguililla porque no quiere que sus adversarios critiquen una posible visita a la zona. López Obrador ha refrendado su política de “abrazos, no balazos” como propuesta de solución a este conflicto. Incluso, llamó al diálogo y pidió a la población de Aguililla no dejarse manipular por grupos delictivos y no engancharse en las actividades que llevan a cabo esos grupos, como si los pobladores tuvieran muchas opciones para elegir, o como si su incursión en la delincuencia organizada fuera, en la mayor parte de las veces, voluntaria.

Los habitantes de Aguililla, quienes permanecen en resistencia al pie del cuartel militar de la región, han advertido que no se moverán del lugar hasta que no se desmantelen los retenes que han colocado grupos delincuenciales para controlar los accesos a la población. Incluso, los habitantes han amenazado con convertirse en una resistencia civil armada.

Los pobladores de Aguililla han sufrido desde hace al menos tres semanas cortes intermitentes del suministro de luz eléctrica, agua e internet. Además, la obstrucción de la carretera de acceso a la población no les permite abastecerse de insumos básicos para su subsistencia.

Las autoridades federales se habían comprometido a reabrir la circulación en la carretera que conecta a Aguililla con Apatzingán y, en general, a brindar mayores condiciones de seguridad. Sin embargo, hasta ahora nada se ha hecho para cumplir con esas promesas.

El presidente López Obrador anunció que el gobierno federal prepara un programa de atención integral para Aguililla, pero en la implementación de estas acciones no corre prisa.

No hay prisa para atender a Aguililla. No hay prisa para dar respuesta a esta población. No habrá visita presidencial porque el mandatario no quiere ser criticado por sus opositores. Que luego no se queje si lo critican por no ir, o por no atender lo urgente, mientras dedica su tiempo a poncharse en un estadio de beisbol.