Una cosa es la institucionalidad de las consultas populares como instrumento de la democracia participativa y otra muy diferente, el manoseo de este ejercicio para distraer a la opinión pública sobre la incapacidad que tiene el gobierno para darle solución a múltiples problemas que van desde la inseguridad pública hasta la crisis de abasto de medicamentos.

Si realmente se quisiera tomar la opinión de la gente en los asuntos importantes del país, se debe conformar todo un entramado constitucional y con las leyes reglamentarias respectivas para darle el soporte legal necesario para que sean vinculantes

En esta administración hay dos ejercicios que se han hecho en torno a la consulta popular: una patito e inconstitucional como la que canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco; y otra, la del domingo pasado, y en ambas se trató de acciones tramposas para sustentar decisiones caprichosas del Jefe del Ejecutivo Federal.

En ambos casos el grueso de la población no participó. En una porque la organización de la consulta que enterró al nuevo aeropuerto la organizó y la calificó el gobierno a su modo y a sus intereses con  la instalación de las mesas receptoras en municipios dominados por Morena y no en donde se ubicaba el target que usa los aeropuertos.

En la otra consulta,  la del domingo,  nadie en su sano juicio entendió una pregunta que podría decir todo menos juzgar a los expresidentes, además de que se trató de un remedo de democracia participativa.

Con estos antecedentes, dentro de 8 meses estaremos ante la revocación del mandato del presidente y allí si puede pasar lo que sea, sobre todo porque se carece de la ley respectiva   que reglamente múltiples aspectos de la misma.

Pero, bueno ahorita si está clara la pregunta que se hará y sus alcances vinculatorios.

¿Se va o se queda el presidente? y eso con el malestar creciente que prevalece entre la población contra el gobierno por su incapacidad en solucionar múltiples problemas, puede significar un duro golpe para el tabasqueño.

Puede orillar a qué deje el cargo AMLO y con ello desprenderse varias consecuencias que van desde que se convoque a nuevas elecciones, hasta la posibilidad de que ocurra una crisis de gobernabilidad.

Ya que si la ciudadanía vota por qué se vaya el presidente,  entonces se debería convocar a elecciones para elegir a su sucesor.

El chiste de todo este embrollo es que no salimos de una elección cuando ya vamos a otra y así hasta el infinito con el respectivo derroche de presupuesto y del tiempo de servidores públicos y de ciudadanos voluntarios

El voto duro del Obradorismo, más o menos 8 millones de votos, no serán suficientes para alcanzar la continuidad en su cargo; por ello las alarmas rojas están prendidas en Palacio Nacional y para aquellos que creen que marzo del 2022 está muy distante, les diremos que apenas en ese lapso el INE podrá estar en condiciones de organizar la consulta popular en torno a la revocación de mandato.

Si antes el costo de la democracia era altísimo, de los más altos del mundo, pues ahora con esta modalidad de las consultas populares,  se incrementa en forma relevante, toda vez que el Instituto Electoral requerirá un presupuesto especial para solventar el gasto  que representa la consulta popular sobre la continuidad del primer mandatario del país.

Habría que ver si sirve de algo volver a las urnas para decidir si sigue el presidente en  su cargo o no; o dejar las cosas como estaban antes de terminar su sexenio  el 30 de septiembre del 2024

No están las arcas del país en condiciones de gastar dinero que no tienen en consultas populares o en revocación de mandato,  en lugar de eso, se debe destinar el presupuesto a, por ejemplo, regularizar el abasto de medicamentos

Ya basta de dispendios derivados “de ocurrencias y de genialidades” del huésped de Palacio Nacional.