Los colimenses  tienen que padecer a su gobernador  priista Ignacio Peralta  hasta el 31 de octubre, ello significa que todavía tienen días aciagos, mientras no asuma el poder la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, quien de inmediato deberá contar con el apoyo del gobierno federal para inyectarle recursos a las atribuladas arcas del estado, al tiempo de emprender la cacería contra su antecesor  y su equipo por malos manejos durante su administración.

Nacho Peralta se encuentra en el cuarto lugar de los 15 gobernadores salientes, con la mayor cantidad de observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación, por un monto de 5 mil millones de pesos

Decíamos en otra colaboración que no solo los trabajadores al servicio del estado, no han cobrado sus quincenas, sino que aquellos proveedores que no se mochan, no tienen para cuando hacer efectivos los servicios prestados o los bienes vendidos, de hecho, la  pésima administración de Nacho ha quebrado a las finanzas públicas y con ello vino la insolvencia que impide que la banca pública o privada  otorgue nuevos créditos.

La corrupción se ha enquistado en el gobierno y si la gobernadora electa, no emprende una limpia general de funcionarios de la actual administración, le endosarán la factura por complicidad u omisión.

Las investigaciones desde el gobierno federal en contra de Ignacio Peralta  las mantienen en sigilo, sin embargo, ha trascendido que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, tiene detectadas diversas transferencias relevantes entre los familiares cercanos del gobernador así como de varios prestanombres, los mismos que adquirieron los terrenos aledaños al puerto de Manzanillo a precios de ganga.

La atención de la inseguridad pública debe ser inmediata, ya que el crimen organizado ha permeado las altas esferas del gobierno de Peralta, en donde se han hacen de la vista gorda para franquear el paso de toda clase de drogas por la aduana de Colima.

En cuantos a los índices delictivos en la entidad, diremos que Colima no puede estar peor:

En el rubro de homicidios dolosos esa entidad está en el segundo lugar a nivel nacional,  debajo de Baja California Sur.

En secuestros también ocupa el nada honroso segundo lugar a nivel nacional, luego de que en 2020 estuvo en séptimo lugar.

En casos de violaciones, en 2020 estuvo en la doceava posición  y al siguiente año, pasó al cuarto sitio en la escala nacional

En robo a casa-habitación está en primer lugar nacional.

Por otra parte, la relación  entre el Ejecutivo y el Congreso Local está partida, el desdén  por parte del mandatario estatal a los legisladores se recrudece conforme avanza su salida y no solo de él, sino de su equipo, por ejemplo, Carlos Noriega García y Marina Nieto Carrazco, titulares de la secretaría de Finanzas en dos momentos, fueron citados ante los legisladores para explicar la crisis financiera de la administración que ha orillado al impago de sus quincenas a  miles de trabajadores al servicio del estado, pero los angelitos no se dignaron ir.

Una pregunta que se hacen los colimenses es ¿Qué hay detrás de la compra de terrenos por parte del gobierno estatal como el ubicado en Loma de Fátima o la Campana, en donde se invirtieron recursos públicos para transformarse en elefantes blancos?.

La deuda pública del estado con cada administración sube exponencialmente y sabedor de esa problemática, Peralta no hizo nada para subsanar o por lo menos renegociarla para bajar los intereses, al contrario, dejó que la deuda de corto plazo alcanzará a Colima, ya que hay pasivos por vencerse y eso es una bomba de tiempo que recibirá Indira Vizcaíno.

La deuda de Colima rebasa los 6 mil 022 millones de pesos, de los cuales la tercera parte está por vencerse.

Como se aprecia, lo primero que tiene que hacer la gobernadora electa de Morena, es dar vista a las autoridades federales sobre los malos manejos de Ignacio Peralta, al tiempo de implementar un programa inmediato de renegociación de la deuda pública de Colima, con el apoyo de los ingenieros financieros de las instituciones públicas del gobierno del presidente López Obrador, para reducir el servicio de la deuda y renegociar los vencimientos inmediatos a más largo plazo.

Luego, establecer una nueva estrategia de seguridad pública y combate al crimen organizado

Finalmente, la reactivación económica del estado, debe pasar necesariamente por la relevancia del puerto de Manzanillo y el enorme tráfico de mercancías que pasan por sus aduanas.