La administración de José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, ha sido el ejemplo más representativo de cómo llevar a un gobierno a la quiebra en poco menos de seis años, merced a proseguir con el endeudamiento creciente que hicieron sus antecesores, sin medir el impacto en las finanzas públicas y sus consecuencias en la falta de liquidez para cubrir el gasto corriente como el pago de sueldos y salarios de los trabajadores al servicio del estado.

Peralta intentó chantajear al presidente López Obrador, en su más reciente visita a la entidad, al mentirle sobre las razones de la insolvencia que impiden pagar los sueldos de la burocracia del estado.

El mensaje del mandatario estatal ante el presidente buscó  justificar su negligencia, tratando de hacer creer que en manos del Jefe del Ejecutivo Federal,  está el destino de miles de trabajadores colimenses.

Sin embargo, a lo largo de estos años el Presidente de México ha dejado muy en claro que no es una persona que ceda ante este tipo de chantajes y menos aun cuando estos son consecuencia de actos en los cuales se sospecha corrupción.

La corrupción y el desvió de recursos públicos  es otro estigma  que cargará Peralta como una pesada loza sobre sus hombros y que la Auditoria Superior de la Federación  tiene bien documentadas, de hecho, las observaciones  realizadas por este órgano revisor, rondan los 5 mil millones de pesos.

No fue casualidad la derrota sufrida por el PRI en los pasados comicios del 6 de junio, en donde Ignacio Peralta padeció un severo revés que ha dado paso a la alternancia política en la entidad, hecho inédito, ya que el tricolor  conservó el poder en todos los comicios celebrados con anterioridad.

La gobernadora electa de Morena,  Indira Vizcaíno Silva, recibirá la estafeta y a decir verdad, no se sacó la rifa del tigre, sino el zoológico entero, en virtud de que recibe un gobierno en quiebra y endeudado con vencimientos en el muy corto plazo, del orden de la tercera parte de esta.

La deuda de Colima rebasa los 6 mil 022 millones de pesos, de los cuales más de 2 mil millones tienen que pagarse casi de inmediato.

Tan sólo en el año 2020, el Gobierno del Estado de Colima contrajo deuda pública con bancos por el orden de los 1,950 millones de pesos; esto, de acuerdo al Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda (actualizado a junio de 2021).

De esta cantidad, las obligaciones a Corto Plazo, suman 1,210 millones de pesos; mientras que las de largo plazo alcanzan los 740 millones de pesos.

Aunque el Gobierno del Estado sostiene que la mayoría de recursos extraordinarios solicitados a bancos en 2020 obedeció a las diversas acciones para enfrentar el COVID-19, el único crédito publicitado para ese objetivo, fue un empréstito de corto plazo otorgado por HSBC el 23 marzo de 2020 de 100 millones de pesos, con los que se asegura que se adquirió equipo médico de protección, un tomógrafo y respiradores.

Desde el Congreso local,  el Grupo Parlamentario de Morena  alertó sobre la crisis financiera de la administración estatal. 

Puntualizaron los legisladores morenistas que  la insolvencia financiera que enfrenta el Gobierno del Estado es sólo una confirmación de las irregularidades administrativas que han sido señaladas constantemente por ellos y que la  crisis administrativa refleja al menos una pésima planeación, una gran falta de orden administrativo y genera sospechas fundadas de manejo discrecional de los recursos públicos y de posibles actos de corrupción.

El titular del Ejecutivo sostuvo que durante el año 2020 su gobierno recaudó menos recursos de los esperados; sin embargo, hubo un crecimiento en los ingresos estatales por el orden del 1.3 por ciento comparado con el año 2019, según un análisis del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso de la Unión.

Y si se revisan las Aportaciones y Participaciones Federales, el CEFP establece que Colima dejó de recibir aproximadamente 250 millones de pesos por estos conceptos en el año 2020. Esta contracción de 250 millones de pesos no es una cifra comparable con los $1,210 millones de pesos que requirió a corto plazo a distintos bancos. La diferencia revela el tamaño de las irregularidades y el desorden financiero del actual gobierno estatal.