Dice un dicho muy mexicano: “piensa mal y acertarás”. Pensar mal, en el contexto de este mismo dicho, significa desconfiar. Y después de lo visto en México en los últimos días, desconfiar sería completamente razonable.

¿Cómo se explica que el gobierno de México haya llevado a cabo una operación de Estado, en la que se vieron envueltos los tres Poderes de la Unión, para obtener como resultado la creación de una empresa estatal que monopolizará las operaciones de investigación, exploración, explotación y aprovechamiento del litio en el país?

Antes de dar respuesta a esta pregunta, conviene conocer un poco de contexto: un día previo a aprobarse los cambios a la Ley Minera que prohíben las concesiones a empresas extranjeras para extraer litio en México, en la Cámara de Diputados el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un duro golpe político al ser rechazada su propuesta de reforma eléctrica.

Por otra parte, la participación de México en el mercado mundial del litio alcanza actualmente apenas un 3%. Una publicación de Mining Technology señala que en el estado de Sonora hay yacimientos de los que se podrían extraer hasta tres millones y medio de toneladas de carbonato de litio (el que se usa para la fabricación de baterías). Esta es una cantidad que, de mantenerse el precio actual, permitiría obtener cerca de 230 mil millones de pesos, y esa cantidad está por debajo de la mitad de lo que el presidente López Obrador afirma que se obtendría en el país por la erradicación de prácticas de corrupción.

La creación de Litiomex, la nueva empresa estatal propuesta en la iniciativa aprobada en fast track en el Congreso a petición de López Obrador, no es una propuesta nueva. El primer proyecto que hizo referencia a la creación de una empresa estatal para la explotación del litio se publicó en el Congreso en septiembre de 2020. El senador Alejandro Armenta propuso oficialmente nacionalizar el litio y la propuesta consideró el nombre de Litiomex para la empresa. La propuesta no fue muy bien recibida y nunca fue votada.

Algunos meses después, en junio de 2021, la agencia de noticias Reuters entrevistó a Armenta, quien aseguró que su partido político, Morena, impulsaría una iniciativa de ley para promover inversión privada para la extracción en minas de litio en México, un cambio de ruta que concordaba con la hasta entonces postura del presidente López Obrador de que extraer el litio era demasiado caro para México. “Esto tendrá que hacerse con la participación de la iniciativa privada porque requiere de presupuesto”, dijo el presidente en su momento. Ahora el panorama es distinto, y la postura oficial del Gobierno de México desde octubre de 2021 es que el litio será nacionalizado. En una primera instancia, el presidente López Obrador aseguró que las concesiones serían respetadas, pero ahora ha confirmado que ya no será así dado el carácter “estratégico” del litio para el país.

La urgencia repentina del Gobierno de México por la “nacionalización” del litio no tiene que ver con temas de soberanía, como lo ha planteado el presidente López Obrador y lo han repetido sus seguidores. Esa urgente necesidad de tomar el control exclusivo del litio tiene que ver con un tema político.

La idea de que el litio sea considerado como “estratégico” le fue sembrada a López Obrador por el expresidente boliviano Evo Morales. Por supuesto, Evo le habló desde el contexto en el que el país sudamericano participa con 30% de los recursos mundiales de litio. Es decir, en el contexto boliviano por supuesto que el litio es “estratégico”.

Por otra parte, la empresa dueña de la concesión que ya se otorgó para explotar el yacimiento en Sonora, Bacanora Lithium, ha publicado que en esa entidad tiene reservas comprobadas por poco más de tres millones y medio de toneladas. Esa cantidad parece ser lo suficientemente rentable para que la compañía busque quedarse en México por mucho tiempo. El CEO de Bacanora Lithium, Peter Secker, dijo al periódico El País que la producción comenzará en 2023 “cuando los pronósticos para el mercado del litio se fortalecerán”. La primera tanda de producción, que se estima en 17 mil 500 toneladas, ya está comprometida con la empresa japonesa Hanwa.

Pero, al parecer, el Gobierno de México tiene planes diferentes.

La empresa Tesla, propiedad del multimillonario nacionalizado estadounidense Elon Musk, tiene a las afueras de Sparks, Nevada, su Gigafactory que prevé suministrar suficientes baterías para apoyar la demanda de vehículos proyectada por la propia empresa. Sólo en esa megafábrica se producen al día más de tres mil baterías que contienen alrededor de 13 kilos de litio cada una. Según el Financial Times, la fábrica necesitará 24 mil toneladas al año para dar salida a su producción. Con la entrada en vigor del T-MEC, la explotación del litio cobra mayor importancia, ya que se debe asegurar una cadena de suministro en Norteamérica. Para 2023, los coches fabricados en México, Estados Unidos y Canadá deberán tener al menos 75% de sus componentes producidos en la región para que puedan comercializarse libres de aranceles y esto incluye las baterías de litio. De ahí la posible razón de la urgencia de México por “nacionalizar” el litio es garantizar a Tesla que la producción del mineral en el país ayudará a garantizar la producción de vehículos eléctricos cumpliendo con lo establecido en el T-MEC.

El propio presidente López Obrador ha retomado en varias ocasiones otro dicho muy mexicano: “lo que no suena lógico, suena metálico”. No suena lógico que el Gobierno de México decida “nacionalizar” el litio si carece de los recursos para la exploración, extracción y comercialización. No suena lógico que el presidente López Obrador haya cambiado de opinión de una manera tan radical. No suena lógico que se “nacionalice” y se considere “estratégico” un recurso natural que no representa mayor beneficio económico para el país. El litio en México suena metálico.