Por pruebas, declaraciones y testimoniales del propio Hugo López Gatell y por supuesto, de testimonios de decenas de deudos de fallecidos, se ha conformado un grueso expediente que ha motivado a un Juez ordenar a la Fiscalía General de la República investigarlo por el mal manejo que tuvo en la pandemia por Covid-19 y que a la postre cobró la vida de, por lo menos, 700 mil mexicanos.

Las participaciones del subsecretario de la Secretaria de Salud, en la mañanera y en las conferencias de prensa que encabezaba en torno a la pandemia, contienen sus irresponsables declaraciones como que el cubrebocas no servía para nada o que el contagio por Covid-19 era similar a una gripa, o más, aún que las vacunas anticovid, no tendrían eficacia alguna.

El abogado Javier Coello Trejo, principal litigante de diversas denuncias contra Hugo López,  ha reiterado que el funcionario había sido imputado por negligencia y presunta falta de deber y adecuado ejercicio de su labor en la emergencia por el coronavirus, empero,  el Ministerio Público Federal resolvió no ejercer acción penal; por ello,  un juez con sede en el Reclusorio Sur capitalino, ha revocado el decreto del no ejercicio de la acción penal del 22 de marzo de 2023, por lo que la Fiscalía tiene que seguir con sus actos de investigación.

Independientemente de lo que haga la FGR de Alejandro Gertz Manero, se ha sentado un severo precedente para que, después de que termine la actual administración, se sienten en el banquillo de los acusados, al propio Gatell y otros funcionarios de más alto  nivel, no solo por su responsabilidad en el pésimo manejo de la pandemia, sino por otras agravantes, como el criminal desabasto de medicamentos, o la fallida estrategia del gobierno del presidente López Obrador de “Abrazos no balazos” que ha provocado más de 151 mil homicidios dolosos y el desplazamiento de cientos de mexicanos de sus lugares de residencia, por culpa de los criminales.

Tarde que temprano la justicia extenderá su largo brazo justiciero para castigar a los transgresores de la ley, quienes desde el servicio público fueron omisos en el cumplimiento de sus responsabilidades.

La emergencia sanitaria provocada por la pandemia debió haberse atendido por especialistas y expertos en la pandemia, tal como, incluso lo mandatan los ordenamientos legales en México, sin embargo, se nombró a López Gatell para cumplir con esa tarea y por desgracia de cientos de miles de mexicanos que fallecieron por contagio del SARS-CoV-2, aplicó criterios políticos para atenderla en lugar de, en primera instancia, apegarse a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomendó de inmediato, el uso de cubrebocas, las pruebas de detención masivas y por supuesto, la aplicación de las vacunas, a lo que el doctor “Muerte” fue omiso al recomendar exactamente lo contrario en el momento más álgido de la emergencia.

Claro, después del desastre, trató de corregir, pero el daño ya estaba causado.

Todavía al día de hoy, luego de que AMLO declarara el final de la pandemia, siguen sin vacunar con antígenos aprobados por la OMS, miles de mexicanos entre los que se encuentran niños y adolescentes.

En las últimas semanas se están inoculando a la población con la vacuna cubana denominada Abdalá que no cuenta con el aval de la OMS y paralelamente a ello, con bombo y platillo anuncian que ya está casi lista la vacuna mexicana Patria. El chiste se cuenta solo.

Cuando en la mayoría de países similares a la capacidad económica del gobierno mexicano, compraron millones de vacunas Moderna y Pfizer para inocular a su población y darles los refuerzos necesarios hasta culminar con la vacuna bivalente, aquí se escamoteó ese recurso para canalizarlo a atender las prioridades del presidente López Obrador, como el fondeo de sus tres obras insignia y los programas de política social con tintes electorales.

Se impuso el monopolio del Estado en la compra de vacunas y su aplicación, así como la adquisición y distribución de los medicamentos aprobados mundialmente para combatir al Covid-19, esa decisión vigente hasta el día de hoy, ha provocado, incluso que miles de esos fármacos hayan caducado en las bodegas del extinto Insabi y de la propia SSA.

Se prohibió al sector privado comprar vacunas y medicamentos y las consecuencias de esta decisión saltan a la vista.

Las omisiones, agravantes y violaciones severas, incluso a ordenamientos constitucionales, que ha tenido Hugo López Gatell, son de tal envergadura que, aunque ahora este protegido por el manto  de la complicidad, algún día será juzgado.

Mientras tanto, veremos hasta donde llegan los recursos interpuestos por el  notable abogado Javier Coello Trejo, aunque estamos seguros que la persistencia y sobre todo,  por los argumentos legales esgrimidos por el litigante, no habrá otra opción para los juzgadores en turno, que castigar a López Gatell.