En el mortífero (para la democracia) paquete legislativo de AMLO, no solo está la reforma judicial, sino también  la desaparición de los organismos autónomos que representa un retroceso democrático y trastocar el equilibrio de poderes, al tiempo de fomentar la presencia de conflictos de interés y de reducir la competencia económica en perjuicio del bienestar de la población

El presidente López Obrador ha señalado  que se ahorrarían cien mil millones de pesos con la extinción de los autónomos,  en contraparte,  México Evalúa menciona que el ahorro  representa el 0.05% del presupuesto federal.

El presupuesto asignado a esos organismos es de 4 mil 534 millones de pesos durante este año, es decir el  0.05 por ciento del presupuesto federal y no los 100 mil mdp que señaló AMLO.

Los siete organismos que contempla la iniciativa presidencial son: La Comisión Federal de Competencia Económica, (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones, (IFT);  Instituto Nacional de Transparencia (INAI); la Comisión Reguladora de Energía CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH),  la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)  y el  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Así, a simple vista y a vuelo de pájaro se aprecia la relevancia que ha tenido y tienen estos organismos en ámbitos como, por ejemplo,  el de la competencia comercial y regulación de mercados, además de  la vigilancia de  la prestación de servicios con calidad y vigilancia de los bienes y servicios.

Lo que subyace en la desaparición de los organismos autónomos es el revanchismo y la opacidad y la pretensión de instaurar un régimen totalitario en donde no existen los contrapesos al poder Ejecutivo.

Lo del supuesto ahorro presupuestal es una mentira y una mera justificación populista para quitarse estos organismos tan estorbosos para el México irreal que se construye diariamente desde Palacio Nacional.

Es decir, el retorno al pasado, en donde prevalecía la “dictadura perfecta”  del PRI autoritario y antidemocrático.

Al desaparecer a los autónomos, el gobierno federal sería  juez y parte ya que será regulador y ejecutor del presupuesto público y en algunos casos, también competidor.

Su labor carecería de autonomía, al reasignar las funciones que dejarían de prestar a las Secretarías de Estado, cabezas de sector y a otras dependencias gubernamentales que dependen del Jefe del Ejecutivo Federal.

Otro elemento relevante que tienen que considerar nuestros “brillantes” legisladores si es que pretenden avalar este “Frankestein del totalitarismo” es precisamente, el compromiso formal y legal que tiene nuestro país ante la comunidad internacional, específicamente ante el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC) que solicita como condición indispensable para su operatividad, mantener  reguladores y tribunales competentes e imparciales para dirimir las diferencias, impedir los monopolios, entre otros tantos factores que limiten los propósitos de este acuerdo comercial que tanto bien le ha hecho a la región y que se ha significado como un auténtico dique ante el embate de Asía.

En momentos en que los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, se han pronunciado por revisar el T-MEC por atentar contra su planta productiva e inhibir el crecimiento del empleo formal, a AMLO se le ocurrió la “brillante” idea de explosionar este tratado con la desaparición de los organismos autónomos, en donde varios de ellos, tienen una participación relevante en el mismo.

Entre la mañosa sobrerrepresentación que intenta implantar el régimen en el Congreso, merced a sus achichincles del INE y del Tribunal Electoral;  la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos, estamos ante la extinción del régimen democrático, la división de poderes y la misma gobernabilidad.

Se le acumulan en el escritorio de la nueva presidenta, diversos pendientes de gran relevancia que de no resolverlos de manera adecuada, ella misma pondrá grandes obstáculos para que tenga éxito su gestión y no se convierta en otro sexenio fallido como ha ocurrido con AMLO.

El ahorro presupuestal del 0.05% del presupuesto federal no justifica el atropello que pretende realizar López Obrador y menos atentar contra la población al quitar los “candados” que impiden elevar precios, generar desabasto de bienes y servicios, todo ello con el consecuente impacto en la inflación.

El solo anuncio de la reforma judicial devaluó el peso y ahuyentó a grandes inversionistas y como si ello no bastara para descomponer el entorno económico, se empeñan en desaparecer a los organismos autónomos.