El paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México lleva tres semanas y por lo que se observa continuará un buen rato, lo que deriva en implicaciones legales y de operación muy complicadas  en los próximos meses y si a ello le sumamos que a partir del 1 de septiembre tomarán protesta los juzgadores que fueron electos gracias a los acordeones, pues en menudo lio está la población afectada y la misma gobernabilidad de la capital del país, en donde no tarda en estallar esta bomba de tiempo, ante la inmensa carga de trabajo, ya que cada día que pasa, por citar un ejemplo,  se cancelan 1200 audiencias en promedio, amén del rezago que ya se tiene en todos los juzgados.

El número de casos judiciales rebasa por mucho al personal de los juzgados en todos los ámbitos del derecho y si a ello le sumamos el paro laboral y la irrupción de juzgadores electos  que no tienen experiencia, pues en menudo lio se ha metido la 4T y el mismo gobierno de la presidenta Sheinbaum, ya que el tema con sus matices, se torna grave en aquellas ciudades que tendrán nuevos jueces y magistrados inexpertos y sujetos a la correa de mando de los grupos políticos, empresariales y criminales que los encumbraron a los tribunales.

En la capital del país, el paro laboral judicial tendrá un impacto que tomará varios meses para resarcirse, lo que implica, verbigracia, que en temas penales, personas que están recluidas injustamente, se mantengan bajo las rejas porque están cerrados los juzgados o en caso de resoluciones en materia civil administrativa, familiar o laboral, queden congeladas hasta que se termine el paro y llegue el turno del expediente respectivo que está en una larguísima lista de espera.

Tanto Clara Brugada, Jefa del gobierno capitalino, como el magistrado presidente del PJCDMX, Rafael Guerra,  reman a contracorriente para terminar el paro judicial mediante un acuerdo justo con los trabajadores que piden un aumento de salarial superior al 5% que ofrece la autoridad y que, como se ven las cosas, no se vislumbra un arreglo inmediato, principalmente por la falta de sensibilidad y exceso de ineptitud del gobierno.

Decimos que este asunto pega  en el respeto de los derechos humanos y para las víctimas que demandan justicia, además de las personas que están privadas de su libertad y por supuesto, la gobernabilidad de la CDMX.

Cierto, ante lo justo de las demandas de los trabajadores del Poder Judicial capitalino, se prefiere más gastar  en movilizar a la gente en la elección judicial del 1 de junio o en los programas asistenciales en lo que se regala el dinero de todos los mexicanos; que en apoyar a las áreas neurálgicas para la gobernanza.

Rafael Guerra debe ponerse del lado de sus compañeros judiciales, en lugar de pedir levantar el paro como un “gesto de buena voluntad”, aunque todavía no se conozca de cuánto será el aumento final.

La justicia debe ser pronta y expedita, pero en el caso de México, ya no digamos de su capital, las cosas funcionan al revés.

Si desde la cabeza, se ha tomado al Poder Judicial como el malo de la película, pues que se puede esperar de los gobernadores y la Jefa de Gobierno de la CDMX, ya que prefieren gastar en otros rubros, como  aceitar la maquinaria electoral, que atender el reclamo justo de incrementos salariales.

Ni con los avances tecnológicos que ya tiene implementado el Poder Judicial en los juzgados, ni con los juicios abreviados, se podrá revertir el rezago judicial y menos darle cobijo a los jueces que resultaron electos en un proceso fraudulento y que, a todas luces, la mayoría son incompetentes para desempeñar sus responsabilidades al frente de un juzgado.

 El paro en el Poder Judicial pinta de cuerpo entero a la 4T que, como prioridad, tiene establecer una dictadura, en lugar de atender y resolver los problemas que aquejan a la población, en esa lógica, Brugada y compañía, voltean la vista hacia otro lado, cuando no reparan que esa negligencia y desdén, les va a reventar en la cara.

Lo hemos dicho en este espacio hasta la saciedad, tan solo es cuestión de tiempo para que las acciones populistas de izquierda y el aniquilamiento del régimen democrático, cobre factura a la clase gobernante.

Veremos cuánto tiempo se llevará el paro judicial en la capital y sobre todo, el tiempo que se tardará en acabar con el rezago en los juzgados, aunque al paso que vamos, pasarán varios años para que esto ocurra.