Los gobiernos con vocación hegemónica tienen un rasgo en común: tarde o temprano intentan controlar el flujo de la información. No importa si el argumento es combatir las noticias falsas, proteger a las audiencias o garantizar una comunicación responsable. El objetivo termina siendo el mismo: ampliar la capacidad del Estado para influir en lo que la sociedad puede escuchar, leer o ver.

México parece transitar por esa ruta.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto la consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, un documento que, en apariencia, busca fortalecer los derechos de quienes consumen contenidos en radio y televisión. El propósito luce legítimo. Nadie puede oponerse a que los ciudadanos reciban información de calidad, que exista una clara separación entre noticias y opiniones o que se protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Lo que subyace en estos lineamientos es un enorme deseo de revancha, de resentimiento contra los medios críticos y la imposición, al precio que sea, de la verdad de la Santa Inquisición de la 4T al resto de la población.

El problema no está en el objetivo.

El problema aparece cuando el Estado se reserva la facultad de decidir qué información es "veraz", cuándo un contenido está "descontextualizado" o cuándo un medio incumple con sus obligaciones editoriales.

Ahí comienza el riesgo para la libertad de expresión.

El anteproyecto crea procedimientos de queja y faculta a la autoridad reguladora para imponer sanciones a los concesionarios. En una democracia consolidada, ese tipo de conceptos deberían interpretarse con enorme cautela, porque la verdad periodística no puede depender del criterio de un funcionario.

La libertad de expresión existe precisamente para proteger los discursos incómodos, las investigaciones críticas y las opiniones que incomodan al poder.

La historia demuestra que la censura rara vez aparece de manera frontal.

Generalmente comienza con normas bien intencionadas, con regulaciones aparentemente técnicas y con argumentos políticamente correctos. Después llegan las sanciones administrativas, los procedimientos burocráticos y, finalmente, la censura y la represión.

No hace falta cerrar una estación de radio o un periódico para limitar la libertad de expresión.

Basta con generar un ambiente donde resulte demasiado costoso publicar determinada información.

Lo que resulta particularmente inquietante es que la propia Presidenta haya planteado la posibilidad de discutir, más adelante, si una regulación semejante podría extenderse a la prensa escrita y a las plataformas digitales. Hoy no forman parte del proyecto, se dice oficialmente, pero la puerta quedó abierta.

Y cuando el Estado abre una puerta para regular contenidos, la experiencia internacional demuestra que rara vez vuelve a cerrarla.

Por ello, la consulta pública que concluirá el próximo 21 de agosto adquiere una relevancia especial. Formalmente se trata de un ejercicio de participación ciudadana para recibir observaciones y propuestas. La gran incógnita será si las opiniones de especialistas, periodistas, concesionarios, académicos y organizaciones civiles realmente modificarán el contenido de los lineamientos o si el documento terminará aprobándose prácticamente en los mismos términos en que fue presentado.

Esa será la verdadera prueba de la apertura gubernamental.

Porque una consulta pública sólo fortalece la democracia cuando las aportaciones de la sociedad tienen capacidad real para influir en la decisión final. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una simulación para tontos.

No deja de llamar la atención que este debate surja en un contexto de creciente confrontación entre el poder y diversos medios de comunicación. Durante los últimos años, periodistas, analistas y empresas informativas han sido objeto de constantes descalificaciones desde el poder político. En ese ambiente, cualquier intento por ampliar las facultades regulatorias del Estado inevitablemente despierta sospechas.

Los regímenes autoritarios de América Latina -me estas oyendo Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro-  ofrecieron suficientes lecciones sobre los riesgos de concentrar el control de la información en manos del Estado. Cada país tiene su propia historia y su propio contexto, pero todos comparten una enseñanza: cuando el poder político comienza a decidir qué puede decirse y qué no, la libertad empieza a retroceder.

Al oficialismo quizá se le olvide una verdad elemental. El poder es transitorio.

Ningún gobierno es permanente, ninguna mayoría legislativa es eterna y ninguna administración conserva indefinidamente el respaldo popular.

Por eso las instituciones democráticas deben construirse pensando en el pueblo de hoy y del mañana y por supuesto, en el juicio de la historia.

Y será la historia, no los funcionarios en turno, la que termine juzgando si estos lineamientos fortalecieron los derechos de las audiencias o abrieron la puerta a una nueva etapa de control sobre la libertad de expresión.

Nada ni nadie que atente contra la libertad de expresión.