¿A qué nivel estará la grilla, la confrontación y la recomposición de fuerzas dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que Mónica Soto Fregoso, una de las magistradas más poderosas de los últimos años, haya decidido presentar su renuncia y marcharse antes de concluir el periodo que, gracias a la reforma judicial, pudo haberse perpetuado?

Públicamente habló de cerrar un ciclo después de tres décadas de carrera profesional y de cumplir compromisos personales y familiares. Esas son las razones que ha expresado, pero en política —y mucho más en un órgano tan politizado como el TEPJF— las renuncias anticipadas inevitablemente generan lecturas adicionales.

Estamos prácticamente en la antesala del proceso electoral de 2027, cuando estará en juego la Cámara de Diputados y buena parte del mapa político nacional, y la salida de Soto vuelve a modificar los equilibrios de una Sala Superior que durante los últimos años ha sido protagonista de algunas de las decisiones electorales más controvertidas del país.

Mónica Soto se marcha dejando tras de sí una larga estela de polémicas.

Una de las más importantes ocurrió después de las elecciones de 2024, cuando el Tribunal avaló la distribución de diputaciones que permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. La resolución fue cuestionada duramente por la oposición, que sostuvo que se estaba otorgando al bloque oficialista una representación legislativa muy superior al porcentaje de votos recibido.

Soto formó parte de la mayoría que sostuvo aquella interpretación con los dos Felipes.

La consecuencia política fue enorme: Morena, PT y PVEM consiguieron los números necesarios en San Lázaro para impulsar las reformas constitucionales heredadas por Andrés Manuel López Obrador.

Después vino la elección judicial.

Ahí nuevamente apareció el bloque integrado por Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, los llamados "Felipes", para rechazar por mayoría de tres votos contra dos la pretensión de anular la elección de ministros de la Suprema Corte.

El asunto de los famosos "acordeones" era demasiado grave para despacharlo como una simple anécdota electoral.

Durante aquel proceso fueron denunciadas la distribución masiva de guías para orientar el voto y otras presuntas irregularidades. La mayoría del Tribunal consideró que las pruebas presentadas eran insuficientes para acreditar de manera determinante una operación capaz de justificar la nulidad. Reyes Rodríguez y Janine Otálora sostuvieron una posición distinta y votaron por invalidar la elección.

Ahí quedó una herida institucional que difícilmente desaparecerá.

Porque un tribunal electoral no solamente debe actuar conforme a derecho; necesita preservar la confianza de quienes participan en las elecciones. Cuando prácticamente cada resolución importante termina interpretándose bajo la lógica de quién beneficia y quién pierde, la credibilidad del árbitro queda seriamente comprometida.

Ese será parte del legado de Mónica Soto.

Ella sostiene que durante su paso por el Tribunal se privilegió el mandato constitucional y una visión de protección de derechos, pero en la realidad se dobló ante el gobierno.

Porque durante su presidencia y su etapa final como magistrada coincidieron decisiones fundamentales para la consolidación del proyecto político de la 4T: la calificación de la elección presidencial, la integración de la Cámara de Diputados, la sobrerrepresentación denunciada por la oposición y posteriormente la controvertida elección judicial.

Demasiadas decisiones trascendentes como para que su salida pueda observarse exclusivamente como un asunto administrativo.

La salida de Soto deja a la Sala Superior nuevamente con cinco de sus siete integrantes, precisamente cuando comienza una etapa de enorme presión política.

La pregunta inevitable es quién ocupará el espacio político que deja la ex presidenta y cómo se reorganizarán las mayorías internas.

Porque eso es justamente lo preocupante: durante demasiado tiempo hemos terminado hablando de bloques, alianzas y afinidades dentro de una institución cuyos integrantes deberían ser identificados exclusivamente por la solidez jurídica de sus sentencias.

En 2027 tendrán los magistrados sobre sus escritorios impugnaciones de candidaturas, fiscalización, actos anticipados de campaña, intervención de servidores públicos, uso de programas sociales, propaganda gubernamental y, finalmente, la calificación de numerosas elecciones.

México necesita un TEPJF independiente, no magistrados alineados con el gobierno ni con la oposición, sino con el orden constitucional.