Claudia Sheinbaum llega a su Segundo Informe de Gobierno con un país que no se ha descarrilado, pero tampoco ha conseguido resolver los enormes problemas estructurales que recibió de Andrés Manuel López Obrador. A casi dos años de haber asumido la Presidencia de la República, el balance necesariamente tiene claroscuros: mantiene la gobernabilidad, ha sorteado las presiones presupuestarias, existen avances en seguridad y la economía ha resistido mejor de lo que muchos pronosticaban; pero debajo de esa aparente estabilidad permanecen una enorme fragilidad fiscal, inseguridad, desapariciones, precariedad de los servicios públicos, una preocupante debilidad del Estado de derecho y del estancamiento económico.

No es poca cosa que, con semejante escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum haya conseguido mantener el barco a flote.

Un punto relevante e inexorable. Llegará un momento —y posiblemente ya llegó— en que Claudia Sheinbaum tendrá que decidir si quiere pasar a la historia como la administradora de López Obrador o como la Jefa del Ejecutivo Federal.

Porque AMLO no solamente le heredó el poder.

También le dejó un país derruido desde sus cimientos por la corrupción, impunidad y el avance exponencial del crimen organizado y su connivencia con políticos.

Recibió compromisos presupuestales que comprometen las finanzas públicas, un déficit elevado, Pemex financieramente asfixiado, un sistema de salud que no alcanzó los niveles prometidos, rezagos educativos, infraestructura que requiere cantidades crecientes de dinero público y programas sociales cuyo costo aumenta inexorablemente conforme envejece la población.

Le heredó además obras emblemáticas que siguen necesitando recursos para operar, ampliarse o alcanzar la rentabilidad prometida. Tren Maya, Dos Bocas, Corredor Interoceánico, AIFA y otros proyectos continuarán compitiendo presupuestalmente con hospitales, escuelas, carreteras, seguridad, estados y municipios.

La cobija presupuestal cada vez alcanza para menos.

Y allí aparece uno de los grandes problemas del tercer año de gobierno: cómo financiar pensiones, programas sociales, infraestructura, salud, educación, seguridad y empresas públicas sin una reforma fiscal profunda y sin seguir aumentando las presiones sobre las finanzas nacionales.

Administrar una bomba de tiempo no equivale a desactivarla.

México continúa padeciendo desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados, fosas clandestinas y regiones donde organizaciones criminales conservan una capacidad de intimidación intolerable para cualquier Estado que aspire a imponer plenamente la ley.

Revertir semejante deterioro llevará años y rebasará el 2030.

La relación bilateral con Estados Unidos se ha convertido en una de las mayores fuentes de presión sobre Palacio Nacional. Migración, fentanilo, tráfico de armas, aranceles, comercio, revisión del T-MEC, narcoterroristas y cooperación en seguridad obligan a Sheinbaum a realizar diariamente un ejercicio de equilibrio político.

Y está, desde luego, el expediente más incómodo: los políticos mexicanos investigados –Rocha Moya, Andy, Inzunza, Américo, Marina, entre otros- señalados o requeridos por autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Aquí es donde el putrefacto legado se convierte en una pesada cadena para la Presidenta.

Esta claro que defender indiscriminadamente el pasado puede terminar comprometiendo el presente y el futuro

Claudia Sheinbaum requiere necesariamente tomar el bastón de mando y quitarse de ataduras y compromisos.

Porque ningún Presidente puede gobernar mirando permanentemente por el espejo retrovisor.

El país necesita inversión privada nacional y extranjera, requiere certeza jurídica, energía suficiente, infraestructura, seguridad, reglas claras y un Poder Judicial profesional, independiente y confiable.

Mientras un empresario tema que una decisión política pueda modificar contratos, concesiones, permisos o inversiones, México seguirá desperdiciando buena parte de las oportunidades que ofrece la relocalización productiva.

Sin Estado de derecho no habrá inversión suficiente.

Y sin inversión privada no existe presupuesto público capaz de financiar indefinidamente el modelo social de la 4T.

También tendrá que corregir la situación de los sistemas de salud y educación. La falta de medicamentos, las deficiencias hospitalarias y los rezagos educativos no pueden continuar explicándose exclusivamente culpando a gobiernos anteriores. Morena lleva ocho años gobernando México y a estas alturas ya debe responder por sus propios resultados.