Arrancó el primer periodo de sesiones del tercer año de la LXVI Legislatura con nuevos liderazgos en ambas cámaras y, contra lo que algunos anticipaban, la jornada inaugural transcurrió sin el zafarrancho que se preparaba alrededor de la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mexiquense Higinio Martínez, al frente de la Mesa Directiva del Senado, y el ecologista Raúl Bolaños, en la Cámara de Diputados, cumplieron con creces su primera prueba política al mantener los cauces institucionales, contener los ánimos de las bancadas y permitir que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entregara el informe presidencial sin que San Lázaro terminara convertido nuevamente en arena de insultos, empujones y descalificaciones.

No es poca cosa considerando el nivel de polarización que existe en el Congreso.

PAN y PRI preparaban una protesta política durante la ceremonia y correspondió a los nuevos liderazgos parlamentarios realizar el trabajo previo para evitar que la confrontación escalara y garantizar que se cumpliera el protocolo constitucional.

El problema es que esa capacidad para dialogar, negociar y construir acuerdos aparece generalmente cuando el oficialismo necesita que las cosas salgan bien.

Cuando Morena requiere aprobar una reforma, garantizar una ceremonia republicana, reunir votos o cuidar la imagen institucional del Congreso, entonces sí aparecen las llamadas telefónicas, las reuniones privadas, los buenos modales y las invocaciones a la pluralidad.

Pero cuando ya no necesita a la oposición, desaparece misteriosamente la vocación democrática.

Esa ha sido una de las características más preocupantes del Poder Legislativo durante los últimos años: Morena y sus aliados utilizan su mayoría como sustituto del diálogo.

Tener los votos suficientes para aprobar una iniciativa no significa tener siempre la razón.

En cualquier democracia madura, las mayorías gobiernan, pero las minorías participan, fiscalizan, proponen y obligan al poder a explicar sus decisiones. El Congreso existe precisamente para procesar diferencias, no para convertirse en una oficialía de partes del Ejecutivo.

Por ello resulta importante tomarles la palabra a Higinio Martínez y Raúl Bolaños cuando aseguran que durante sus respectivas presidencias habrá respeto, institucionalidad y diálogo con todas las fuerzas políticas.

Pero deberán demostrarlo cuando lleguen las votaciones difíciles.

La primera gran prueba será el paquete económico para 2027.

Ahí veremos si la disposición al diálogo expresada durante la instalación del periodo legislativo es auténtica o simplemente formó parte de la cortesía política necesaria para recibir el informe presidencial.

Porque discutir el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos significa decidir quién recibe recursos y quién tendrá que esperar otro año.

Hospitales, medicamentos, universidades, seguridad pública, carreteras, infraestructura hidráulica, estados, municipios, pensiones, programas sociales, Pemex, CFE y los proyectos prioritarios del gobierno competirán nuevamente por una cobija presupuestal que cada año resulta más pequeña frente al tamaño de los compromisos adquiridos.

Allí deberían escucharse las propuestas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

No porque la oposición deba imponer el presupuesto —para eso existe una mayoría surgida de las urnas—, sino porque el dinero público pertenece a todos los mexicanos y no solamente al partido gobernante.

Sería saludable que Morena permitiera incorporar propuestas opositoras viables sobre seguridad, salud, educación, infraestructura y fortalecimiento de estados y municipios.

Más importante todavía será comenzar a enfrentar el elefante dentro de la habitación: el déficit fiscal.

El gobierno de Claudia Sheinbaum recibió unas finanzas públicas extraordinariamente presionadas por los compromisos heredados del sexenio anterior, el creciente costo de las pensiones, los programas sociales, las necesidades financieras de Pemex y las inversiones requeridas para mantener operando y completar diversos proyectos de infraestructura.

Y tantos gastos más que resulta imposible atender a todos, sin embargo, hay que priorizar el gasto para atender las necesidades más acuciantes de los mexicanos y no diseñarlo bajo una visión electoral, pero bueno la última palabra la tienen en Palacio Nacional y no en el Congreso

Si Higinio Martínez y Raúl Bolaños quieren dejar huella como presidentes de sus respectivas cámaras, tendrán que demostrar que el Congreso recuperó algo de su función deliberativa.

Hay que hacer uso de la buena política, no de la grilla, la traición, la simulación y la demagogia.

Por su parte, el PAN, PRI y MC tendrán que abandonar la tentación del espectáculo permanente y presentar propuestas presupuestarias técnicamente sustentadas. Si quieren denunciar despilfarros, deberán decir exactamente dónde recortar; si exigen mayores recursos para salud o seguridad, tendrán que explicar de dónde obtenerlos; y si demandan reducir el déficit, deberán asumir el costo político que implica ajustar el gasto.

México necesita un Congreso que vuelva a discutir, negociar y corregir, no una ventanilla legislativa del Poder Ejecutivo.