AMLO y Sheinbaum apostaron por endeudar al país y alejar a los inversionistas, al tiempo de establecer el mecanismo para colapsar las finanzas públicas con programas sociales irresponsables que no sacan de la pobreza a sus beneficiarios y con la contratación de deuda pagando intereses de los más altos del mundo. Los resultados están a la vista.

El Paquete Económico 2027 contiene una paradoja que debería ocupar buena parte del debate en San Lázaro: el gobierno necesita desesperadamente que la economía crezca, que llegue inversión, que se creen empresas y empleos formales, que suba la captación tributaria, pero al mismo tiempo propone reglas fiscales que incrementan la carga efectiva sobre quienes ya producen, invierten y pagan impuestos.

Con la arenga “hay que joder a los contribuyentes cautivos y dejar en paz a los informales”, se construye un modelo represor para, aún con pérdidas, pagar el Impuesto Sobre la Renta que se supone grava las utilidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no se están creando nuevos impuestos ni aumentando las tasas existentes. Técnicamente es cierto. La tasa corporativa del ISR permanece en 30 por ciento. Sin embargo, el problema no está únicamente en la tasa nominal, sino en la base sobre la cual se cobra. La iniciativa enviada al Congreso propone limitar deducciones y pérdidas fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos y reducir de 30 a 20 por ciento el límite de deducibilidad de intereses netos sobre la utilidad fiscal ajustada.

Dicho de otra manera: se puede afirmar que no aumentó el impuesto y, simultáneamente, provocar que muchas empresas terminen pagando más.

Nadie sensato puede defender a las factureras, las operaciones simuladas, la evasión o las empresas que artificialmente fabrican pérdidas fiscales para no contribuir. El Estado tiene no solamente el derecho, sino la obligación de perseguir esas conductas. El error consiste en confundir una política contra el fraude fiscal con una política general de restricción a deducciones legítimas.

Porque detrás de una deducción no siempre hay un evasor. Muchas veces hay una inversión, una maquinaria, intereses derivados de financiamiento, expansión de una planta, contratación de personal o simplemente los costos normales de operar una empresa.

La propuesta establece incluso que las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos estarán sujetas a un mecanismo específico para limitar deducciones y que las pérdidas fiscales solamente podrían amortizarse hasta por 50 por ciento de la utilidad fiscal de cada ejercicio. Las cantidades no aprovechadas podrían diferirse hacia ejercicios posteriores, pero eso no elimina el problema financiero inmediato para las empresas.

El gobierno quiere inversión privada, pero sospecha del empresario. Quiere crecimiento, pero endurece las condiciones tributarias. Habla de relocalización de cadenas productivas y del Plan México, pero mantiene incertidumbre regulatoria, debilidad del Estado de derecho y ahora agrega nuevas restricciones fiscales.

No se puede pedir al empresario que arriesgue capital y al mismo tiempo enviarle la señal de que cada año pueden cambiarse las condiciones bajo las cuales se calcula la rentabilidad de su inversión.

Más preocupante todavía es que esta estrategia recaudatoria aparece en un contexto en el que las finanzas públicas siguen presionadas. Para 2027 se proyectan ingresos presupuestarios cercanos a 9.15 billones de pesos, mientras el gasto rondaría los 10.6 billones, con un déficit estimado de alrededor de 3.9 por ciento del PIB. El gobierno apuesta además a que los ingresos tributarios alcancen niveles históricos, cercanos a 15.9 por ciento del producto.

Es decir, Hacienda necesita exprimir más recaudación porque el gasto público sigue creciendo más rápido de lo que permite una economía de bajo crecimiento.

Antes de aumentar la presión sobre los contribuyentes cautivos, habría que enfrentar con la misma determinación la enorme informalidad económica, ampliar realmente el padrón de contribuyentes, combatir el contrabando, cerrar las redes de huachicol fiscal, digitalizar todavía más la fiscalización y revisar gastos públicos cuya rentabilidad social y económica es cuestionable.

Si el gobierno pretende limitar deducciones, debería establecer simultáneamente incentivos claros para reinversión de utilidades, adquisición de maquinaria, innovación tecnológica, capacitación y creación de empleos formales. El propio Plan México ya contempla deducciones inmediatas para determinadas inversiones; la lógica correcta sería ampliar y simplificar esos estímulos, no construir por un lado incentivos y por el otro neutralizarlos con nuevas restricciones.

México compite todos los días por capital frente a Estados Unidos, Asia, Europa y América Latina. El inversionista compara costos laborales, energía, infraestructura y cercanía de mercados, pero también compara impuestos, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.