La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraviesa una etapa de confrontaciones internas que pone a prueba la capacidad de sus nueve integrantes para construir acuerdos, resolver diferencias jurídicas y preservar la autoridad institucional del máximo tribunal del país. Apenas transcurrido poco más de un año desde la instalación de la nueva Corte por medio de los acordeones, las discrepancias entre ministros han comenzado a ocupar tantos espacios en la discusión pública como las propias sentencias.

Lo que es evidente es que la legitimidad de origen de la nueva Corte continúa sometida a debate y que sus integrantes tienen la responsabilidad de acreditar, mediante sus decisiones, que pueden actuar con independencia de los poderes políticos que impulsaron la reforma judicial.

El presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, enfrenta ahora el desafío de conducir un pleno en el que las diferencias jurídicas han derivado en intercambios personales y cuestionamientos sobre las motivaciones de sus integrantes. En el centro de varias de esas confrontaciones aparece la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien ha protagonizado desacuerdos públicos con distintos compañeros, incluido el propio ministro presidente.

El episodio del pasado 9 de noviembre resulta ilustrativo. Durante la discusión de un asunto relacionado con el registro de una marca y los plazos de actuación de la autoridad administrativa, Batres cuestionó las observaciones formuladas a su proyecto y terminó vinculando las dificultades que, según ella, enfrentan sus propuestas con la próxima sucesión en la presidencia de la Corte.

La ministra Yasmín Esquivel rechazó esa interpretación y sostuvo que las diferencias obedecían a consideraciones estrictamente técnicas. Loretta Ortiz, por su parte, intervino para señalar la inconveniencia de expresiones que pudieran poner en duda los conocimientos jurídicos de otros integrantes del pleno. El intercambio con Hugo Aguilar sobre el uso de la palabra terminó por exhibir las dificultades para mantener el debate dentro de los cauces institucionales.

La deliberación constitucional supone desacuerdos, confrontación de argumentos y, en ocasiones, posiciones irreconciliables.

Sin embargo, la Corte no puede convertirse en un escenario donde cada observación técnica sea recibida como una agresión política.

Batres ha defendido públicamente una concepción de la justicia que coloca especial énfasis en la función social del derecho y en la crítica a determinadas estructuras de poder económico. Lo hace por sistema y convicción personal, sin importar el orden constitucional.

La independencia judicial también exige independencia frente a las convicciones personales de cada juzgador.

Y aquí aparece un asunto todavía más delicado: la sucesión de Hugo Aguilar Ortiz en septiembre de 2027.

La reforma judicial estableció en el artículo 94 constitucional que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años mediante un sistema rotatorio determinado por la votación obtenida por los candidatos en la elección judicial. Bajo ese mecanismo, Lenia Batres, quien obtuvo la segunda mayor votación, aparece como la siguiente integrante en el orden previsto para ocupar la presidencia.

La contradicción constitucional añade una tensión institucional. El artículo 94 establece la rotación por votación popular cada dos años, mientras el 97 conserva la regla de elección interna del presidente por el pleno cada cuatro años. Ambas disposiciones permanecen en el texto constitucional y han provocado interpretaciones jurídicas encontradas.

El problema es que esa discusión se desarrolla mientras el máximo tribunal enfrenta desacuerdos públicos sobre su funcionamiento cotidiano. Durante los primeros días de noviembre, Batres también sostuvo intercambios con Arístides Guerrero y Hugo Aguilar relacionados con la conducción de las sesiones y la formulación de proyectos.

La pregunta de fondo es qué clase de liderazgo necesita la Suprema Corte.

La presidencia del tribunal exige capacidad de conducción, respeto a la pluralidad jurídica, disposición al diálogo y autoridad moral para organizar el trabajo de un cuerpo colegiado. No requiere que todos sus integrantes compartan una misma visión del derecho, sino que las diferencias puedan procesarse sin comprometer el funcionamiento institucional.

Por eso la sucesión de 2027 representa una prueba para la reforma judicial. El mecanismo constitucional que finalmente se aplique deberá ser transparente, previsible y respetuoso de los derechos de quienes integran el tribunal.

El problema de fondo no es que existan ministros con distintas convicciones ideológicas. Eso es compatible con un tribunal constitucional plural. Lo verdaderamente importante es que ninguna convicción partidista, disputa personal o aspiración de poder sustituya los argumentos jurídicos.