Las irregularidades detectadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que preside David Colmenares Páramo, en la revisión de la Cuenta Pública 2017 y que se han hecho públicas, acarrean diversos comentarios que tienen que ver con el desfase de por lo menos un año en los resultados y por el estado de indefensión en el que se encuentran las dependencias señaladas en los reportes, así como los funcionarios responsables del gasto.

Si bien es cierto que en marco legal que ampara a los servidores públicos acusados es robusto, también es una realidad que el ajusticiamiento mediático, estigmatiza a los señalados por la ASF.

Es de gran mérito que exista una continua y constante supervisión de los recursos públicos, pero esas auditorias deben de inmediato darse a conocer y no después de más de un año.

Apenas se está informando del ejercicio 2017, cuando ya estamos por concluir el primer bimestre de 2019.

Claro, sobre las irregularidades detectadas ya hay acusaciones incluso penales, contra los  responsables de los desvíos de recursos públicos, empero, por ejemplo nos estamos enterando que  en el área de competencia de la SCT, que presidía Gerardo Ruiz Esparza hubo irregularidades en la construcción del Tren México-Toluca, así como en el Paso Express de Cuernavaca y en las obras del NAICM

Así ocurre también en la Sedatu que presidia Rosario Robles en donde la ASF encontró presuntos desvíos de recursos por 2 mil 039 millones de pesos.

En las auditorias dadas a conocer la semana pasada, como parte de la tercera entrega del Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública 2017, la ASF concluyó que diversas dependencias federales y programas presentan faltas graves en el ejercicio del presupuesto y ahora los señalados como responsables de ello, tienen un periodo de 30 días para alegar en su defensa lo que consideren pertinente, sin embargo, este ejercicio se hubiera hecho antes y no cuando muchos de los funcionarios responsables de las anomalías ya no están en sus cargos y tal vez ni en el país.

Entendemos que el periodo de las auditorias está señalado en la ley, así como la enorme carga de trabajo que representa hacerlas; factores que ya de suyo hace que los reportes finales, tarden en entregarse, sin embargo, se insiste en el tema debe desarrollarse un nuevo trabajo de ingeniería administrativa para que las conclusiones de las auditorias y supervisiones no tarden tanto tiempo en darse a conocer.

Otro rubro relevante en donde  la Auditoría Superior de la Federación  detectó irregularidades por un total de 7 mil 422 millones de pesos (mdp) fue en el gasto federalizado ejercido por estados, municipios y demarcaciones territoriales en el 2017.

 De acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017, las entidades que presentaron un mayor monto observado fueron: Michoacán, con 2 mil 522 mdp, 34 por ciento del monto observado, y el Estado de México, con 960 mdp, que significó el 12.9 por ciento del concepto citado.

 Así como Puebla, con 920 mdp; Coahuila, con 874 mdp; Tabasco, con 233 mdp; Tlaxcala, con 221 mdp; Guerrero, con 215 mdp; Guanajuato, con 173 mdp; Campeche y San Luis Potosí con 157 mdp; Jalisco, con 156 mdp; Tamaulipas, con 150 mdp; Yucatán, con 145 mdp; y Oaxaca, con 112 mdp.

En contraste, los estados que no presentaron un monto, fueron Baja California, Chiapas, Nuevo León, Querétaro y Sonora, lo que indica que se implementaron medidas de control adecuadas en el uso de los recursos transferidos por medio del fondo.

Recordemos que la ASF realiza un trabajo técnico y neutral con base en las mejores prácticas y sin ningún sesgo ideológico ni partidista. Ello asegura que los resultados corresponden a evidencias documentales contundentes.