Tras bambalinas de la reforma laboral, hay diversos actores y organismos que atisban y cabildean para que salga a modo de ellos. Desde el presidente Trump, pasando por varios congresistas demócratas de Estados Unidos que atentos observan cómo quedará el andamiaje jurídico de esta reforma en el contexto del T-MEC, hasta exlíderes sindicales como Napoleón Gómez Urrutia que busca a toda costa desmantelar los sindicatos corporativos que han servido por décadas al otrora poderoso Revolucionario Institucional.
También, la visión patronal es fundamental en la discusión, sobre todo para que se proteja la planta productiva y las empresas del país, por ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha hecho llegar a los senadores un documento de trabajo que, entre otros aspectos, pugnan por que se terminen en los juicios laborales, la presentación y aceptación de pruebas y testimonios falsos que mediante argumentos inverosímiles, obligan a pagar a los patrones hasta prestaciones extralegales a los trabajadores.
El CCE plantea la desestimación de la presentación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral, por cualquiera de las partes o sus representantes, sobre el salario, categoría, la jornada de trabajo o la antigüedad.
Además de esta postura, se plasma en el documento en cuestión, la propuesta patronal de castigar a aquellos mercenarios e impulsores de huelgas que, primero detonan un conflicto en una empresa y luego se ofrecen para solucionarlo. Para ellos el CCE pide prisión de seis meses a cuatro años además de los castigos que se enumeran en el código penal sobre la extorsión y el cohecho.
Se trata pues, de que la reforma laboral no tenga una visión paternalista y proteccionista de los trabajadores per se, sino que aliente la productividad y el empleo, así como la rentabilidad de las empresas, al tiempo de alinearla a la de Estados Unidos y Canadá.
Ya con el dictamen sobre la reforma laboral en la cancha de la cámara Alta es deseable que se enriquezca con las aportaciones de todos los involucrados y esté lista a más tardar el 30 de abril, fecha que termina el actual periodo de sesiones.
Hay demasiados intereses en juego que tienen que ver, no solo en torno a la modernización del nuevo entramado jurídico laboral, sino que también tiene implicaciones políticas-electorales en Estados Unidos, en virtud de que el T-MEX estará a revisión y aprobación en los congresos de los países participantes y en particular, en el país de las barras y estrellas, el acuerdo comercial, ya no solo está en el ámbito legislativo, sino es una bandera política de la causa de Donald Trump por su reelección.
En México, también el tema pasa por la contienda que se vive en el Congreso entre una bancada mayoritaria, Morena (que se agandalla cada vez que puede a sus opositores, así pasó con la Guardia Nacional, en donde se acordó que el mando iba a ser civil, pero que en la práctica el presidente López Obrador, designó a un militar) y un frente opositor que cada vez tiene un roll importante como contrapeso del poder presidencial.
La tarea no la tienen fácil Ricardo Monreal y Mario Delgado, coordinadores de las fracciones de Morena en ambas cámaras, sobre todo porque, como sabemos, en las negociaciones con sus pares se tienen que poner varios “dulces sobre la mesa” para alcanzar acuerdos y en este sentido las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC del senado tienen el destino de reformas como la laboral, educativa o la revocación de mandato, en sus manos, ya que, con ellos se conforma la tan anhelada mayoría calificada.
Además hay que decirlo, la soberbia y “el resentimiento social” que prevalece en las filas de los “Morenos” no abona para alcanzar los acuerdos en reformas que si bien, unas son necesarias para el país, otras, responden más al proyecto político transexenal de AMLO.
